Un grupo de avasalladores armados que tomó ayer la finca Maicapampa, en cercanías de La Angostura, para ingresar a la casa de la familia Canelas Méndez, ocasionó destrozos materiales y retuvo como rehén a uno de los trabajadores, denunciaron las víctimas.
Los afectados relataron que a las 10:30 del jueves 17 de febrero ingresaron violentamente a la propiedad entre seis y 10 personas, una apuntó con un arma a uno de los trabajadores. Luego, los invasores lo ataron a un árbol y le vendaron los ojos para entrar a la casa rompiendo puertas y ventanas. El rehén logró soltarse y salir a la carretera, a la altura de Las Carmelitas, para pedir auxilio.
Los afectados denunciaron que la toma se dio luego de varios meses de amedrentamiento y avasallamiento de su terreno, ubicado en el km 15 al valle alto, en Arbieto.
La propiedad es parte del área que es avasallada desde hace más de un año por un grupo de loteadores que primero invadió los predios de la Hacienda Angostura y ahora avanza hacia la finca Maicapampa, donde comenzaron a construir casas, abrir caminos y parcelar la serranía.
Uno de los afectados denunció que este atentado es parte de una estrategia para presionarlos para que les dejen lotear todo, hasta su casa. Las víctimas denunciaron ayer el hecho a la Felcc de Tarata por intento de asesinato, robo agravado, allanamiento de propiedad privada, amenazas y otros delitos.
Más denuncias
La Fedjuve recibió la denuncia de más víctimas de los loteadores e identificó como presuntos avasalladores a Aldo V., Juan Domingo P., Primo R. y Juan Carlos A.
“Nosotros como Federación Departamental de Juntas Vecinales vamos a ratificar las denuncias que ya hemos hecho conocer, no vamos a permitir que sigan abusando de los dueños que ya han denunciado a la Fiscalía, Alcaldía y a diferentes instituciones”, dijo su representante, Ángel Quispe.
“Nosotros pedimos que todas estas personas sean investigadas, también hay venezolanos y colombianos”, dijo.
En tanto, las víctimas reunidas en la sede de la Fedjuve pidieron la destitución del fiscal Rubén Arciénega, que está asignado a Tarata. Los reclamos de los pobladores por la toma de tierras es constante.