El juez de garantías negó ayer la acción de libertad que presentó la Defensoría del Pueblo para el dirigente cocalero de los Yungas César Apaza. Pero la autoridad judicial pidió que la cárcel de Chonchocoro cumpla los estándares interamericanos y garantice la vida y salud del privado de libertad.
Pese a su delicado estado de salud, hace cuatro días Apaza fue nuevamente trasladado a ese penal, donde cumple su detención preventiva.
La Defensoría, a través de una nota de prensa, dijo que si bien el juez ha denegado la tutela por una cuestión formal, la entidad consiguió que se garantice la atención de salud de Apaza en condiciones dignas.
“El Juzgado de Sentencia de Violencia contra la Mujer (…) conminó al director del Centro Penitenciario de Chonchocoro a emitir un informe en (un tiempo de) 48 horas, en el que fundamente si el recinto penitenciario cumple con los estándares interamericanos y los requerimientos médicos del accionante en garantía de su derecho a la vida y a la salud”, informó Jackeline Pérez, funcionaria de la delegación defensorial de La Paz.
El viernes 17 de marzo, el defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, presentó una acción de libertad a favor de Apaza por la gravedad de su salud. El dirigente cocalero sufrió un ataque de embolia y tiene medio cuerpo paralizado.
Pérez también contó que el juez dispuso que el director de Chonchocoro informe sobre la capacitación a su personal en resguardo de los derechos humanos de los privados de libertad.
La Defensoría del Pueblo realiza un seguimiento permanente y riguroso a la situación procesal y de salud de Apaza desde el momento de su aprehensión en septiembre del año pasado hasta su internación médica el 15 de febrero, cuando fue trasladado de emergencia al Hospital de Clínicas. Además, la institución defensorial solicitó que se realice una junta médica para establecer con precisión la situación de salud de Apaza.
También aseguró que el dirigente se encuentra bajo la protección del Estado, que es el único garante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y, por tanto, tiene la obligación de garantizar la vida, integridad y salud de quienes están bajo su custodia en los centros penitenciarios del país.
La noche del 15 de marzo, la familia de Apaza denunció que Régimen Penitenciario ordenó el alta médica del dirigente que estaba internado en el Hospital de Clínicas, donde recibía tratamiento de fisioterapia tras sufrir una embolia. Ese día, el cocalero fue trasladado al penal de Chonchocoro.
Su abogada, Evelyn Cossío, dijo que presentó otra acción de libertad. La audiencia es hoy.
Página Siete
