La acción de libertad les fue negada a los tres jóvenes paceños que fueron detenidos y, posteriormente aprehendidos por supuesta tenencia, porte y portación ilícita, el pasado jueves 21 de julio luego de la marcha convocada por los médicos. Jorge Valda, uno de los abogados defensores, ve que se trata de un caso armado, anunció que presentará una nueva acción de libertad y una apelación a la determinación de tres meses de detención preventiva en el penal de San Pedro (La Paz).
En una audiencia virtual que duró al menos cinco horas y se prolongó hasta la madrugada de este domingo, el juez Hugo Huacani determinó que no daría curso a la acción de libertad porque, en su criterio, debían haber presentado sus observaciones sobre el proceso de detención ante el juez cautelar que conoce la causa, y no al de garantías constitucionales. Según dijo, no se cumplió el principio de subsidiariedad.
Valda denunció la existencia de un “contubernio” en el que están implicados cuatro tenientes de infantería del Ejército boliviano, que fueron detenidos junto a los tres jóvenes, pero que posteriormente fueron liberados. Asimismo criticó que el juez considerara los petardos como explosivos, como un argumento para detenerlos.
Los tres sindicados, identificados como: Rodolfo Augusto R. O., Mauricio Alejandro B. H. y Ricky Blass F. R fueron detenidos a las 12:30 del 21 de julio junto a cinco personas más. Ana R., esposa de Rodolfo, que de acuerdo con el abogado, detalla que fueron policías de civil los que los detuvieron y transportaron, en un vehículo particular, hasta la Felcc, sin que les dijeran el motivo por el cual los llevaban.
Valda remarca que los jóvenes no tenían mochilas, como consta en los informes policiales. Empero, tenían cascos y escudos, como se vio en las fotografías que el ministro de Gobierno, Eduardo Ddel Castillo, publicó en sus redes sociales. Otro detalle que observan los abogados Valda y Carmen Arista es que sin que hubiera una sentencia; es decir que se obviara la presunción de inocencia y sin que se les hubiera pedido autorización para hacer uso de su imagen, fueron expuestos por el ministro Del Castillo “como trofeo político”.
Durante seis horas, Rodolfo, Mauricio y Ricky fueron privados de su libertad, incomunicados y no se les permitió siquiera ir al baño, señala Valda.
Por la noche, cuatro personas son liberadas y, aunque según las actas de requisa también tenían petardos y escudos, no se les toma la declaración ni se los investiga y son liberados. El abogado observa un hecho que llama la atención: “En las actas de requisa señalan que se hubiera realizado la requisa personal a ocho personas; pero de cuatro de ellas, resulta que son otros; no son los cuatro jóvenes que fueron liberados. Son otras cuatro personas que jamás aparecieron en el proceso; son cuatro personas distintas, pero con las mismas firmas”.
A los únicos a quienes se les toma las declaraciones son a Rodolfo, Mauricio y Ricky, pese a que estaban juntos y que se supone que tenían las mismas pertenencias.
Valda continúa: “A ellos (los cuatro) los liberan porque había un contubernio, y en ese contubernio está incluida Inteligencia de las Fuerzas Armadas, porque los cuatro son tenientes del Ejército boliviano”. En la audiencia, el abogado mostró los nombres de esas cuatro personas y los registros de la Contraloría General del Estado, en el que constan sus declaraciones juradas de bienes, como funcionarios del Ejército. De manera que, como expuso Valda, se trataría de infiltrados de Inteligencia del Ejército.
Pero no es el único que ve un caso armado; la senadora Cecilia Requena (Comunidad Ciudadana) afirmó en un hilo de tuits que ella estuvo en la marcha y fue luego a la Felcc, ese jueves 21:
“No solo estuve en la marcha, atestiguando lo que afirmo, sino que estuve en la Felcc cuando el principal acusador de estas personas entró de civil. Los apresados reaccionaron al unísono identificándolo como uno de los agresores del MAS y pidiendo su detención. Grande fue la sorpresa cuando vimos cómo ese mismo hombre, con intimidante actitud, era protegido y entraba a una oficina. Más tarde saldría unas tres veces para identificar a los supuestos culpables de la violencia. Era un infiltrado de inteligencia provocando violencia para atribuirla a los otros.
De acuerdo con los argumentos del fiscal, que constan en el expediente del caso, en la “investigación ha sido imposible individualizar la responsabilidad penal”, razón por la cual se liberó a esas cuatro personas, y no a Rodolfo, Mauricio y Ricky, pese a que se encontraban juntos.
Otra de las observaciones efectuada por Valda en la audiencia fue el informe de uno de los policías que detuvo a los jóvenes, en el que se lee: “Se nos ordenó identificar y seguir a estas personas (…)” en referencia a los sindicados. Para el abogado es una muestra de que el caso es armado y premeditado, ya que si existiera flagrancia del delito, no necesitarían un orden para cumplir con su labor, como fuerzas del orden público.
Además de otras objeciones a la forma en la que los jóvenes fueron detenidos e irregularidades de los informes policiales, Valda fue claro al afirmar que no existen pruebas ni testigos que demuestren que los jóvenes agredieron a alguna persona. Arista, por su parte, manifestó que la cadena de custodia fue rota y que no se cumplió con la presunción de inocencia.
El Deber
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