Facebook registró cientos de reacciones y comentarios respecto a los fallos judiciales en los que han sido beneficiados sentenciados, quienes salieron de prisión o están en ese trámite que podría permitirles abandonar la cárcel, con el argumento de que sus condenas no han sido ejecutoriadas. Los usuarios hacen notar, en sus comentarios, su desconfianza en la justicia y su indignación.
Al menos tres casos, entre ellos dos por feminicidios, generaron fuertes críticas en redes sociales y preocupación en las víctimas. Uno de los últimos es de Jhasmani Torrico, conocido como el “abogado del diablo”, a quien la jueza Salomé Guzmán Terán otorgó detención domiciliaria en una audiencia de apelación desarrollada el sábado, pese a que Torrico tiene sentencia de seis años y seis meses por los delitos de secuestro y lesiones en el “caso mecánico” desde febrero de este año, después de casi tres años de proceso.
El “abogado del diablo” solo debe pagar 80 mil bolivianos de fianza y presentar arraigo para volver a su domicilio. El Ministerio Público y la defensa de la víctima apelaron el dictamen, pero Torrico podría abandonar la cárcel si cumple los requisitos antes que se fije la próxima audiencia de apelación.
Juan Antonio Cuéllar, víctima de este caso, expresó su preocupación ante la decisión de la jueza de Quillacollo porque considera que está poniendo en riesgo la integridad de su familia. “No tengo libertad ni para mandarle a mi hija a la tienda. Pido garantías para toda mi familia, solo estoy pidiendo justicia y que me devuelvan el dinero que me costó ganar. La justicia está podrida, no entiendo como los delincuentes tienen más derechos que las víctimas. A mí me hacen peregrinar meses para entregarme un memorial, pero a él (Torrico) lo atienden rápido”.
Cuéllar no es el único que está preocupado por la determinación de la autoridad judicial, también Julián Torrico, padrastro de Jhasmani, manifestó su rechazo a ese fallo. La víctima fue golpeada y obligada a firmar documentos en febrero de 2017.
Recordó que fue encañonado con un arma de fuego y que le dijeron que si no firmaba los papeles iban a matar a su esposa, y hasta ahora no ha podido regresar a su vivienda. Su caso continúa en etapa preparatoria y exige que jueces de cualquier otro departamento atiendan su demanda porque desconfía de la justicia en Cochabamba.
CASO WANDER RAP
Otro de los casos que provocó repercusiones es de Omar Alejandro Ordoñez Avilés, quien fue sentenciado en 2017 a 30 años de cárcel por el feminicidio de la colegiala María del Carmen Carvallo Reyes, pero que salió de prisión con medidas sustitutivas a la detención por decisión de la vocal de la Sala Penal 1, Mirtha Mabel Montaño, en una audiencia de apelación al fallo de un juzgado en cuanto a la cesación a la detención preventiva realizada el pasado 24 de marzo.
La familia del condenado pagó la fianza de 100 mil bolivianos y tramitó su arraigo, y Ordoñez dejó la cárcel. En tanto, el abogado de la familia de la víctima, David Flores, lamentó la decisión judicial de beneficiar a un condenado por feminicidio y señaló que presentaron un recurso de amparo y que ahora aguardan que se fije la audiencia donde pedirán que el sentenciado regrese al penal.
El feminicidio ocurrió el 13 de marzo de 2016. Ese día, María del Carmen, de 16 años, había ido a vender frutas al mercado, pero su enamorado Omar, la convenció de ir a un local a compartir con sus amigos. Los miembros de Wander Rap, peligrosa pandilla en Cliza, la sometieron a un rito de iniciación y la trasladaron a un lote baldío en Ana Rancho.
La adolescente quiso irse, pero no la dejaron. La violaron y uno de ellos la asfixió mientras evitaba que grite. Ese rito fue presenciado por 21 pandilleros; 11 menores de edad, quienes cumplieron su sanción en el centro de infractores. Ordoñez y otros cuatro miembros de esa pandilla fueron sentenciados a 30 años de presidio sin derecho a indulto, mientras otros cinco fueron absueltos por falta de pruebas.
CASO CHOKO BURGUER
El Tribunal de Sentencia 1 de Sacaba ratificó la detención domiciliaria de Félix Peña, conocido como el Choko Burguer, en noviembre de 2020 y continúa con esa medida hasta la fecha. Peña fue sentenciado a 30 años de presidio sin derecho a indulto en el penal de El Abra por el feminicidio de su esposa Janett Jhoselin Aguilar, quien fue asesinada entre las 23:00 del 12 de marzo y las 03:00 del 13 de marzo de 2018.
En diciembre del año pasado, la Sala Penal Cuarta confirmó en todos sus aspectos la resolución del Tribunal de Sentencia 1 de sacaba y estableció que Choko Burguer permanezca detenido en su casa con derecho a trabajar hasta que su sentencia sea ejecutoriada en Sucre.
El móvil del crimen fue de carácter económico, según se develó en la audiencia de juicio oral. La familia tenía cinco inmuebles. La pareja también discutía por infidelidades de Peña.
La víctima fue asesinada 11 días antes de su boda religiosa con el Choko Burguer, quien habría planeado el crimen. Dos meses antes del feminicidio, Félix se mostró enamorado y le pidió que se casaran, pero antes era agresivo y la trataba mal, según declararon sus trabajadores.
ANP y tres diarios rechazan petición de Jhasmani Torrico
Los directores de los diarios El Deber, Los Tiempos y OPINIÓN, representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), expresaron su rechazo a la exigencia de Jhasmani Torrico, un abogado sentenciado a seis años y seis meses por secuestro y lesiones, quien pidió información destinada a enjuiciar a periodistas por supuesta calumnia y difamación.
Torrico, a través del despacho de la jueza Sofía Camacho, solicitó copias de las notas periodísticas vinculadas a su caso y nombres completos de los periodistas que escribieron, editaron y titularon noticias, desde 2018. La petición llegó a 12 medios: OPINIÓN, Los Tiempos, Gente, Página Siete, La Razón, El Deber, Extra, La Voz, ATB, Red Uno, Unitel y Bolivisión.
“En el caso que nos ocupa se vulnerarían derecho de terceros, toda vez que cuando se pretende investigar a un o una periodista con motivo de su labor, no sólo se pierde la posibilidad de expresarse libremente de manera individual, sino también se pierde la posibilidad de ser informado y de conocer, de comunicar y de tomar decisiones libres, autónomas e informadas”, señala el memorial presentado por los tres diarios de circulación nacional.
El memorial de respuesta recuerda que la Constitución Política del Estado protege los derechos a la comunicación y la información, además de las libertades de expresión, de opinión y de información “por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.
La comunicación enviada a la juez recuerda que el artículo 107 de la Constitución expresa que los principios de difusión de información y opiniones a través de los medios de comunicación “se ejercerán mediante las normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley (Ley de Imprenta)”.
Al respecto, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, a través de Twitter dio a conocer que: “(El trabajo de la prensa) es materia de la Ley de Imprenta y será un Tribunal de Imprenta el que tenga que evaluar cualquier reclamo del señor Jhasmani Torrico; de ninguna manera un juez penal tiene posibilidad de criminalizar el trabajo de periodistas”.
La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba convocó hoy a una protesta en defensa de la libertad de expresión y del derecho al ejercicio libre.
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