Autoridades de Gobierno determinaron conformar una Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de hechos de violencia sexual contra infantes, niñas, niños y adolescentes, dando cumplimiento así a la disposición final del proyecto de ley 372 de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales que fue presentado por la ministra de la presidencia, María Nela Prada el pasado 12 de mayo.
El proyecto normativo ya fue remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y contiene siete artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Entre ellas que los integrantes de esta comisión gozarán de inmunidad y no podrán ser procesados penalmente durante el ejercicio de funciones.
“Los miembros de la Comisión y su equipo técnico gozarán de inviolabilidad personal y no podrán ser juzgados penalmente por el ejercicio de sus funciones, por las acciones asumidas en la investigación y por los resultados de la misma, siempre que sus acciones se enmarquen en la Ley”, señala el parágrafo IV de ese enunciado.
A la vez, la comisión tendrá más de una decena de atribuciones, entre ellas podrán solicitar información a entidades públicas o privadas, organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales.Recibirán los testimonios de las víctimas, familiares o posibles autores de las agresiones contra los menores de edad. Revisarán los procesos penales abiertos, las instancias competentes no podrán negar esa información.
En caso de que corresponda, enviarán los antecedentes de los casos al Ministerio Público para que inicie con la investigación. Dispondrán medidas de reparación, resarcimiento y reivindicación a favor de la víctima. Asimismo, las decisiones que adopte esa comisión serán vinculantes para las diferentes instancias del Gobierno.
La comisión estará conformada por los ministro de la Presidencia, Justicia y de Gobierno, los presidentes del Senado y Diputados, presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura; el Fiscal y Procurador General del Estado y el Defensor del Pueblo.
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