Hay comunidades bajo sospecha de encubrir factorías de droga en el Chapare

“La misma gente los protege, en los pueblitos y las comunidades viven de eso, les dan cobertura (encubren a los narcos) y luego aparecen con carros nuevos, motos y (ostentan) sus casas, con televisores grandes, cocinas de lujo y hasta piscinas, en medio de la selva. Y te dicen que viven de sus plantaciones de fruta”, afirmó un oficial de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en el Chapare, de Cochabamba.

El testimonio es uno de los varios que Página Siete recogió durante los operativos de destrucción de 27 fábricas de pasta base y siete laboratorios de cristalización de cocaína, que se dieron entre el 16 y el 19 de mayo en zonas poco pobladas y de difícil acceso en el municipio de Villa Tunari, provincia Chapare, dentro del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis).

“Ellos (los comunarios) dominan bien la zona, sus viviendas están dispersas, pero todos se conocen, saben quién entra o sale por los únicos accesos que hay. (…) Ponen trancas, a nosotros nos cobran por pasar en pontones y si quieren frenar (un operativo) se organizan con sus loros (vigías). Desde que despega el helicóptero (de la base en Chimoré) o arrancan las patrullas, ellos (los comunarios) dan aviso (a los narcos). Con esa alerta, en el mejor de los casos nos llevan 30 minutos de ventaja y lo normal es que hasta tres horas, por eso cuando llegamos (a las factorías de droga) ya no hay nadie”, relató otro de los uniformados, ambos prefirieron no dar sus nombres.

Los testimonios se recogieron durante uno de los turnos de guardia que efectivos de Umopar cumplieron para dar seguridad a la caravana de lanchas en las que viajaban el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José Illanes, que la noche del 19 de mayo navegaban con dificultades por el bajo nivel en el caudal del río, cerca de la comunidad Mercedes de Lojojota, en la línea fronteriza con el departamento de Beni.

Durante esa vigilia, grupos de jóvenes del lugar se apostaron en un espacio que sirve de puerto en el río, no hacían caso a los pedidos de los policías de Umopar que querían acordonar el área. En medio de la oscuridad, con posturas intransigentes y hasta agresivas, los comunarios se apostaron cerca de la playa, en la oscuridad junto a los árboles, pijcharon coca y fumaron cigarrillo tras cigarrillo, hasta estar seguros que todos los policías abandonaron la zona.

“No vamos a hablar”

“No, gracias, no podemos declarar. Estamos aquí porque es nuestro derecho, cuidamos nuestro puerto y no nos vamos a ir”, fue la escueta respuesta de uno de los jóvenes, a quien este medio trató de entrevistar. Se negaron a explicar por qué montaron guardia y seguían de cerca los movimientos de policías, pero con actitud desafiante rechazaron las consultas.

El grupo de jóvenes comunarios escucharon cuando se les mencionó que sería importante conocer su postura sobre el hallazgo de las 34 factorías de droga tan cerca de la localidad donde viven, la respuesta fue un silencio incómodo y finalmente: “Por favor, no vamos a hablar”.

Los “loros”

Consultado sobre por qué, pese a la gran cantidad de factorías descubiertas, no hubo personas aprehendidas, Del Castillo respondió que hay dos factores. El primero es que la vegetación camufla las instalaciones de los narcos y prácticamente las “vuelve invisibles”, posibilitando la huida de los delincuentes.

“Y segundo, con el personal de la prensa se ha evidenciado que desde que se empieza a navegar en los botes (por el río Lojojota, única vía de acceso a algunos puntos), con la Felcn y el Ministerio Público, a lo largo del río se ha visto casas de seguridad desde donde los loros (vigías) alertan sobre los operativos”, dijo Del Castillo.

Desde 2018, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando alertó que en los departamentos de Oruro y Potosí, en la zona fronteriza con Chile, poblaciones enteras son cómplices de los contrabandistas. El exviceministro Gonzalo Rodríguez (fallecido) reportó ante la prensa y presentó denuncias en la Fiscalía contra clanes familiares dedicados a esos ilícitos, los que contrataban a jóvenes para que trabajen como “loros”, quienes, apostados a lo largo de las diferentes rutas de ingreso, alertaban del avance de las patrullas del Comando Estratégico Operacional (CEO).

Se presume que en el Chapare se usa la misma técnica desde hace bastante tiempo, los pobladores alertan a los narcos y en algunos casos obstruyen el trabajo de Umopar y la Felcn.

Se conoce de al menos cuatro casos en los que pobladores de ese sector atacaron con piedras, palos y hasta armas de fuego a las patrullas de policías, como pasó el 23 de mayo, en la localidad de Paracti, municipio de Villa Tunari, donde cómplices de los narcos “recuperaron” cinco bolsas de droga que minutos antes fueron secuestradas por una patrulla de la Felcn.

Los delincuentes dejaron herido por un disparo de arma de fuego al sargento Sergio Miranda Tórrez. “No permitiremos que estos hechos de extrema violencia queden en la impunidad y no descansaremos hasta identificar a todos los autores materiales y cómplices de esta organización criminal” fue la advertencia que lanzó el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani.

“Es un montaje”

Página Siete intentó conocer la postura de los senadores del MAS Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, dirigentes cocaleros del Chapare y de la línea de Evo Morales, pero ninguno atendió las llamadas y sus colaboradores manifestaron que ambos estaban ocupados en diferentes actividades.

El único representante del sector que dio su versión fue el diputado Gualberto Arispe, quien si bien calificó los operativos de destrucción de las 34 factorías como “un montaje armado para los medios”, anunció que se reunirán con los cocaleros y pobladores de Villa Tunari para conocer los detalles sobre los operativos.

Arispe recordó que Morales ya había anunciado que el gobierno de Luis Arce, y el ministro Del Castillo buscaban dañar la imagen de esa región. “Al contrario, a nosotros nos apena que se haya dictado un sobreseimiento en favor de policías implicados en los narcoaudios, estos oficiales que dieron órdenes para que las patrullas de Umopar se retiren de donde había fábricas de droga. Ese caso es sólo una muestra de la protección al narcotráfico”, concluyó el diputado en contacto con Página Siete.

Citaciones

El fiscal que acompañó los operativos denominados “Perseo” y “Colmena”, Fabio Velasco, informó que debido a la gran cantidad de factorías halladas en solo tres días de trabajo de campo, se citará a declarar a las autoridades originarias y sindicales del sector que pertenece al sindicato de cocaleros Valle Alto, que a su vez es parte de las “6 federaciones del trópico de Cochabamba”, presidida por el exmandatario Evo Morales.

El motivo de dicha citación es para consultar cómo es que ellos y los comunarios no advirtieron la presencia de los narcotraficantes o el funcionamiento de las 34 factorías, en las que se presume trabajaron al menos 250 personas y que en promedio llevan al menos dos años de funcionamiento. Esas instalaciones estaban provistas de equipos de comunicación satelital, generadores de energía, grandes cantidades de precursores sólidos y líquidos, además de decenas de turriles de combustible.

Los laboratorios, valuados entre 250 mil y 300 mil dólares, con una capacidad de producción de hasta 100 kilos de clorhidrato de cocaína, estaban erigidos, cada uno, en espacios de entre 300 y 800 metros cuadrados, camuflados entre los árboles, invisibles para los sobrevuelos de los helicópteros de Umopar. Pero, además, la Policía estableció que los narcotraficantes extraían la droga producida navegando por el río Lojojota o en avionetas, que aterrizaban en pistas disimuladas como parte de caminos comunales.

“Como lo hemos explicado, estas instalaciones no se armaron de la noche a la mañana, sino con bastante tiempo, por eso realizaremos la investigación para identificar a los autores de estas construcciones. Se va a citar a los representantes de los sindicatos (de cocaleros) para consultar si tenían conocimiento del funcionamiento de estos megalaboratorios (de droga) o del paso de personas sospechosas”, informó Velasco a Página Siete.