Las cuatro recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado boliviano respecto del denominado caso terrorismo no fueron cumplidas pese a que ya pasó casi un año desde que el informe 13.546 rotulado como “Mario Tadic Astorga y otros-Bolivia”, fuera comunicado al gobierno de Bolivia y a la parte demandante.
“Como la Comisión emite un informe, establece unas recomendaciones, que en realidad son obligatorias porque si los estados no cumplen esas recomendaciones evidentemente lo que procede es continuar con el procedimiento y llevar el caso a la Corte Interamericana para que se lleve un juicio contra el Estado. La Comisión es la que lleva el juicio contra el Estado, yo estimo que el siguiente año este caso ya estaría en la Corte Interamericana, ahí empezaría todo de nuevo”, adelantó a la ANF Gerardo Prado, principal abogado de la parte demandante.
El 21 de diciembre de 2021, la CIDH emitió su informe respecto a este caso que ocurrió en Bolivia en 2009. Ese documento establece cuatro recomendaciones que ya debería movilizar al Estado; sin embargo, hasta el momento no hubo ningún acercamiento, dijo el abogado Prado.
Las cuatro recomendaciones de la CIDH que debería cumplir el Estado boliviano son: reparación integral con compensación económica a los afectados; rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes; proceso penal a los que violentaron los derechos de los demandantes; y finalmente, adoptar medidas para que no se repitan este tipo de situaciones.
“Por el momento no hay nada, son varias recomendaciones, pero tiene que haber un acercamiento y hasta la fecha no existe ninguna novedad. Yo estimo de que es muy difícil que el Estado cumpla con alguna recomendación, porque no existe voluntad política”, lamentó el abogado litigante.
En su criterio, el Estado boliviano no maneja una política perfectiva, una política pública efectiva en derechos humanos, y resaltó que en el país no hay una oficina especializada con relación en casos de derechos humanos.
En consecuencia, el jurista cuestionó la imparcialidad de la Defensoría del Pueblo porque el Gobierno designó a uno de sus allegados; y lo mismo pretende hacer en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) con uno de sus dirigentes afines que intenta tomar las oficinas y defenestrar a Amparo Carvajal que es la titular de esta entidad.
“El Estado no ha hecho ninguna investigación desde el año 2009 hasta la fecha, es algo recurrente que hasta la fecha no cambia. Por eso yo lo veo muy difícil, porque la estructura pública del Estado con relación a derechos humanos tiene que cambiar, es la visión general la que tienen que cambiar”, alertó Prado.
ANF
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