En plena jornada en la que se conmemoraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado el 3 de mayo, los periodistas de la ciudad de Potosí denunciaron que enfrentan la censura directa a su trabajo, y vulneración a la Constitución Política del Estado (CPE) y normas internacionales por parte del gobernador Jhonny Mamani y sus funcionarios, quienes bloquean el acceso a la información de la institución pública.
A horas del 10 de mayo, Día del Periodista, los trabajadores de la prensa de este departamento denuncian que ese bloqueo también ocurre en la Alcaldía de esa ciudad.
“En el despacho del gobernador (Jhonny Mamani) se colocan restricciones, ahora nos preguntan qué cosas vamos a preguntar o de qué cosa queremos hablar”, declaró a Página Siete el presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Soux.
El 3 de mayo, los periodistas potosinos realizaron un acto de protesta en la antesala del despacho del gobernador Mamani por la censura a la prensa y las restricciones a su trabajo de informar.
Desde el comienzo de su gestión, la administración de Mamani tuvo varias observaciones y denuncias de corrupción, como es el caso de la compra de ambulancias fantasma. “Ni bien intentamos ingresar a la Gobernación de Potosí, nos dicen que por órdenes del gobernador (Jhonny Mamani) no podemos entrar. Eso es atentar a la libertad de expresión, a la libertad de prensa que tiene el pueblo”, sostuvo una periodista.
Además de esa acción, los trabajadores de la prensa potosina enfrentan el asedio y las agresiones de grupos de organizaciones sociales y juntas vecinales que impiden el ejercicio del periodismo. Las denuncias fueron emitidas por los mismos periodistas de la Villa Imperial.
Una de esas agresiones sucedió el 25 de abril en la zona de Villa Victoria, donde varias personas avasallaron terrenos privados y agredieron a los periodistas que reportaron el hecho irregular.
“Aquí en Potosí, muchos hemos sido insultados, nos han vejado. No sólo estamos hablando de la clase política que vulnera derechos, sino de organizaciones vecinales que se dedican a realizar seguimiento a los periodistas a pedir credenciales, a querer fiscalizar nuestra labor, (quieren saber qué) grabamos, qué tenemos que decir y qué no tenemos que decir”, dijo Soux.
“¡Nosotros no somos chupamedias!”, fue uno de los estribillos con los que los periodistas ingresaron a hablar con Mamani, quien aseguró que respeta el trabajo de la prensa y se comprometió a levantar las restricciones al trabajo periodístico.
Hace unos días, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el momento de “elevada vulnerabilidad para las libertades de expresión y de prensa en Bolivia por iniciativas del partido gobernante” para, según la entidad, “controlar y limitar” las expresiones de la ciudadanía y de los periodistas.
“Las libertades de expresión y de prensa atraviesan un momento de elevada vulnerabilidad, debido a iniciativas del partido gobernante en el Congreso, orientadas a controlar y limitar los mensajes de la ciudadanía y de periodistas”, detalla el apartado sobre Bolivia incluido en el informe difundido en la reunión semestral de la SIP.
La institución mencionó una propuesta legislativa del MAS para incrementar de cinco a siete años la pena de cárcel para periodistas y propietarios de medios por la supuesta difusión de mensajes racistas. “La propuesta desconoce las protecciones que ofrece la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta, que prevén la vigencia de tribunales especiales para dilucidar demandas contra medios y periodistas, mientras que descartan la aplicación de penas privativas de libertad”, alertó la SIP.
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A principios de mes, los principales gremios periodísticos del país se movilizaron en contra de esa propuesta que está contenida en un artículo del proyecto “Ley de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos”.
Tomado de Página Siete
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