El Gobierno y representantes de las asociaciones y federaciones de la prensa a escala nacional presentaron este martes un proyecto de decreto supremo para la reivindicación del trabajo periodístico en el país con el acceso a la información, respeto a la libertad de expresión e información y en el cual se fijó cuatro parámetros para la asignación de publicidad estatal a medios de comunicación.
«El presente decreto supremo tiene por objeto garantizar el trabajo periodístico a través del acceso a la información pública y al reconocimiento de sus derechos laborales con el respeto a la libertad de opinión, de expresión y prensa, en el marco de la pluralidad democrática que consolide la información como un derecho humano», señala el artículo primero de la borrador de norma presentada por la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, en la Casa Grande del Pueblo.
El documento de siete artículos establece además que las máximas autoridades de todas las entidades e instituciones públicas del Órgano Ejecutivo garantizarán el «acceso a la información» a las personas sin distinción de «ninguna naturaleza «debiendo establecer en cada entidad e institución los mecanismos adecuados que les permitan la obtención rápida y oportuna de la misma».
Sobre los derechos laborales, el proyecto de decreto señala que los periodistas de medios de comunicación privados en cuya relación laboral concurran características las relaciones específicas señaladas en la ley gozarán de todos los derechos y beneficios reconocidos por la Constitución y las leyes.
Publicidad y tribunales de imprenta
El artículo siete del proyecto establece que el «el Gobierno nacional para asignar la publicidad estatal a los medios de comunicación considerará la trayectoria, profesionalismo, ética, compromiso social a fin de promover una información veraz, oportuna transparente e imparcial».
El documento, que según Lizárraga fue consensuado con los representantes de la prensa tras una ardua jornada, también fija que el Ministerio de Comunicación implementará las medidas necesarias para la «asignación y/o reasignación de las Radios de los Pueblos Originarios (RPO’s) en el marco de la inclusión social».
Lizárraga mencionó que sobre los tribunales de imprenta, el Ministerio a su cargo realizará las gestiones con los gobiernos autónomos municipales para su conformación en el marco que la Ley de Imprenta de 1925 prevé.
Asimismo, señaló que los periodistas que en el ejercicio de sus funciones incurran en delitos de imprenta contra los servidores públicos serán sometidos solo al procedimiento establecido por la Ley de Imprenta, y por el contrario, los servidores públicos que atenten contra la libertad de trabajo o libertad de prensa serán sometidos a la jurisdicción ordinaria.
Libertad de Expresión
«Este es un proyecto consensuado con la prensa boliviana que nos va a permitir realmente dar otra imagen, es la libertad de la recuperación de la libertad de expresión en nuestro país», sostuvo Lizárraga, nombrada ministra de Comunicación por la presidenta Jeanine Áñez, en el marco del Gobierno transitorio que juró el 12 de noviembre ante la renuncia del expresidente Evo Morales.
Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), remarcó que los comunicadores de este gremio están «felices» y «orgullosos» por la norma que representa «abrir nuevamente el abanico de libertad que faltó en el último tiempo».
«Nos están devolviendo algo que se había conculcado por muchos años por diferentes razones y a través de muchos métodos para silenciar la voz de los periodistas, para controlar los medios de comunicación y sus contenidos; estamos viviendo en este momento un huracán imparable de libertad de expresión y nosotros tenemos la obligación de transmitirle a nuestro pueblo lo que está ocurriendo», dijo durante la conferencia de prensa.
Milton Montero, secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, recordó que la idea de la norma nació durante una visita que Lizárraga realizó a esa federación.
Resaltó los cursos de capacitación que se prevé lanzar para los periodistas y recordó que hace mucho que los concejos municipales no cumplen con la conformación de los tribunales de imprenta.
Lizárraga aseguró que «es un día histórico».
La Razón
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