La noche de este miércoles, un buen ciudadano y su nieta intentaron tapar los grafitis de la Catedral Metropolitana de Cochabamba usando pintura común de color plomo, pero terminaron dañando aún más los muros.
El procedimiento para borrar la pintura de aerosol es diferente, considerando además que se trata de un patrimonio histórico. El pasado 11 de marzo, Día Internacional de la Mujer, activistas feministas estamparon sus consignas y denuncias contra la Iglesia Católica en el lugar. No es la primera vez que la infraestructura sufrió este tipo de ataques, pues se registró la misma situación en 2022.
Así, al tratarse de una obra que se construyó a principios del siglo XVIII, debe tener un tratamiento especial para que no haya daño. Por eso, desde la Gobernación señalaron que el trabajo no es fácil al tratarse de un patrimonio cultural.
“Se tiene que hacer un trabajo de manera conjunta para determinar las acciones que se van a tomar porque se tiene que contratar especialistas para que puedan hacer el retirado de la pintura; no lo puede hacer cualquier persona. No es como repintar un muro normal, es un tratamiento específico que se tiene que hacer para que no se dañe más al material. Lamentablemente el aerosol es un material bastante fuerte y es difícil el retirado, entonces se tiene que hacer la contratación de personas especialistas”, aseveró Luz Rojas, directora de Cultura de la Gobernación.
A su vez, desde la alcaldía informaron que se hizo la denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio de Culturas.
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“La Ley Nacional establece que los gobiernos autónomos están obligados a hacer la denuncia ante el Ministerio Público ante este tipo de daños. Esta situación, dentro de la modificación al Código Penal, está establecido como daño calificado y como Departamento de Patrimonio, hemos puesto a consideración del Alcalde la denuncia al Ministerio Público y también al Ministerio de Culturas para poder brindar mayor resguardo este monumento nacional”, afirmó Verónica Murillo, jefa del departamento de Patrimonio Territorial.
Comentó que el Ministerio Público debe tomar las acciones que sean necesarias para poder identificar a las personas que han llevado a cabo esta acción.
Del mismo modo, aclaran que cualquier acción que quiera ejecutar la ciudadanía, debe ser coordinada con el municipio.
“Si bien, el Arzobispado es custodio de este monumento y las tareas para retirar este grafiteado tienen que llevarse a cabo, la ciudadanía con su buena voluntad ha llevado a cabo algunas tareas, pero, en este caso, las buenas intenciones han causado una patología más. Pedimos a la ciudadanía que recurran al departamento de Patrimonio para que les brindemos el asesoramiento técnico adecuado para el retiro de esta pintura”, complementó.
También planteó un trabajo de concientización para que no vuelvan a hacerse pinturas no adecuadas en el lugar.
En todo caso, explicó que la reparación de los daños debe ser autorizada a la alcaldía y el Arzobispado por el Ministerio de Culturas.
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“Hasta eso, no podemos llevar a cabo ninguna tarea más que las gestiones que actualmente está realizando el Gobierno Autónomo Municipal. Debemos aguardar esta autorización”, reiteró.
Por otro lado, la dirección de Cultura de la Gobernación buscará reunirse con autoridades municipales para tratar el tema de la limpieza de la Catedral.
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Paralelamente, el Concejo Municipal recopila videos y fotografías para identificar a las personas responsables. Anuncian que sentarán una denuncia formal por daños al patrimonio histórico ante la Fiscalía y la policía.
“El ejecutivo está en busca de imágenes, de cierto material, que nos va a servir de prueba para que, una vez que realicemos la denuncia, se pueda ir hasta el final. De lo contrario, corremos el riesgo que quede en la nada”, afirmó Marilin Rivero, presidente del Concejo.
La autoridad aseguró que se tendría que sancionar de la misma manera a todos quienes cometen este tipo de actos delictivos, citando el caso de la Resistencia Juvenil Cochala, acusada de daños al patrimonio por las protestas en la Fiscalía de Sucre en 2020.
“Si se tiene como precedente que a otro grupo de ciudadanos se ha iniciado un proceso y se está a punto de condenar a más de 20 años de cárcel, con mayor razón se tendría que identificar también a ese grupo de personas que ha cometido los mismos hechos contra otra institución que resulta incluso más que la Fiscalía, en este caso, patrimonio histórico de nuestra ciudad”, agregó Rivera.
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