Los bloqueos de carreteras, avenidas y calles programados para ayer, jueves, por parte de los gremiales del país fueron esporádicos y en muchos casos no llegó a concretarse debido a que una reunión de urgencia de la dirigencia nacional resolvió el miércoles, por la noche, un cuarto intermedio hasta que el Gobierno formalice por escrito el retiro del proyecto de ley 280 sobre terrorismo, como señaló el viceministro Jorge Silva. En el Legislativo afirman que la norma solo está suspendida y que los proyectistas deben hacer el trámite de retiro.
“Las federaciones solicitaron que se decrete un cuarto intermedio en los bloqueos porque el presidente (Luis Arce) se habría comprometido públicamente a retirar el proyecto de ley 280. El cuarto intermedio será hasta que el Gobierno demuestre con un documento, pero no se levanta el estado de emergencia, quiere decir, que igual vamos a seguir movilizados si es que el presidente no muestra la documentación de haber retirado oficialmente los proyectos de ley”, informó a este medio el ejecutivo nacional de los gremiales, Jesús Cahuana.
El jueves estaba programado el bloqueo de algunas fronteras y carreteras interdepartamentales, además de los centros urbanos. Sin embargo, la mañana de ayer hubo normalidad y movilizaciones en las ciudades de Cochabamba, La Paz y Potosí. En Santa Cruz hubo bloqueos esporádicos que permanecieron hasta las 19:00.
Édgar Álvarez, dirigente gremial de Santa Cruz, señaló que hubo una protesta “diferente e innovadora”, distinta a un paro cívico para evitar molestia y perjuicio a la población. “Se realizaron diferentes puntos de bloqueo que no causaron daño a la población, pero sí nos hicimos escuchar en la protesta y en el rechazo de estos proyectos de ley que son dañinos y perjudiciales para la sociedad”.
Calificó la medida como “exitosa” y anunció que este viernes habrá una marcha con una parte de los comerciantes de la Feria Barrio Lindo. Álvarez agregó que los cruceños seguirán movilizados hasta que se demuestre que los proyectos de ley 280, 304 (que ya fue retirado) y 305 estén retirados. Informó que un ampliado nacional decidirá las siguientes medidas.
Suspensión o retiro de la 280
El martes el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó que el presidente del Estado Luis Arce instruyó hace al menos 20 días el “retiro” del proyecto de ley 280 de “fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas” en el que el Gobierno plantea elevar la pena por terrorismo de 20 a 25 años de prisión. La propuesta tiene dos artículos, pero modifica el Código Penal con un desarrollo legislativo, precisamente, respecto al alcance de este delito.
“Informales que por disposición del presidente Lucho Arce se ha retirado este proyecto de ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional hace 20 días exactamente, por lo tanto, no existe ningún paquete de leyes. El proyecto de ley 280 no está actualmente en la asamblea mientras no se termine el proceso de socialización”, aseguró el funcionario.
Sin embargo, desde el Legislativo informaron que el proyecto solo fue suspendido, es decir, que en cualquier momento puede activarse su tratamiento y solo los proyectistas pueden hacer el trámite de retiro por escrito.
La diputada del MAS Ninoska Morales explicó que la norma está suspendida hasta que el Ejecutivo cumpla con el compromiso de divulgar la iniciativa legislativa con todos los sectores involucrados y posibles afectados con las modificaciones del Código Penal.
“El proyecto 280 tendría que retirarlo el ministro de Economía y de Justicia quienes son los proyectistas de esta ley. No ha sido retirada y por lo pronto se ha suspendido para la socialización con los sectores. No se puede abordar la ley 280 mientras no se termine de socializar la ley y eso puede significar bastante tiempo. Tenemos socializando más de 100 leyes, esta puede ser una de las leyes que nunca se logre socializar definitivamente con la aceptación de los sectores. No podemos tratarla ni trabajarla en Comisión y menos llegar a plenaria”, aclaró la parlamentaria.
Según el procedimiento, los proyectistas deben presentar las actas de “socialización” ante la Asamblea Legislativa para comprobar que convocaron a todos los sectores y que hay aceptación de la normativa a tratar.
El diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca recordó que el 6 de abril cuando el ministro de Justicia, Iván Lima, debía presentarse a defender su propuesta ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados solo se pidió la suspensión y no se dio paso a votar por el retiro de la norma como pidieron los gremiales a través de una carta que fue leída por el parlamentario opositor.
“Si recuerdan la sesión terminó un poco conflictuada porque (el diputado Juan José) Jáuregui cerró la sesión muy intempestivamente porque nosotros exigimos que se votara por el retiro para archivarlo”, explicó Roca y dijo que la suspensión es temporal porque puede ser tratada en cualquier momento por el MAS “entre gallos y medianoche”.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, sugirió al Gobierno evaluar si es oportuno promulgar el proyecto 280 contra terrorismo. “Es importante escuchar las demandas o sugerencias que tienen los gremiales”, enfatizó.
Observaciones
La fase de explicación de los contenidos del proyecto de ley 280 con diversos sectores continúa. En ese marco, ayer el viceministro Jorge Silva y su par de Pensiones y Servicios Financieros, Iveth Espinoza, llegaron a El Alto para desarrollar el segundo ampliado con los gremiales alteños.
El dirigente gremial cercano al MAS, Rodolfo Mancilla, señaló que tienen observaciones a tres modificaciones de artículos que plantea el proyecto de ley 280 en su artículo segundo.
“Hay algunos (modificaciones de los) artículos 71, 133 y 185 deben ser retirados. Si bien es cierto que el Gafilat, una instancia internacional, pide a todos los gobiernos que puedan sancionar el terrorismo, narcotráfico y las ganancias ilícitas entonces estamos plenamente de acuerdo y no se puede criminalizar las movilizaciones con cárcel, tampoco se puede amenazar con decomisos”, señaló el dirigente.
Las observaciones de los alteños se centran en las modificaciones al Código Penal sobre Decomiso de Bienes y Recursos (artículo 71 Bis), Terrorismo (Artículo 133) y Legitimación de Ganancias Ilícitas (Artículo 185 Bis).
Los comerciantes plantearon una alternativa de redacción de los tres delitos y pidieron a las autoridades respetar los artículos 47 y 334 de la Constitución Política del Estado y la Ley 1455 de Protección a los Comerciantes Minoristas, además pidieron garantizar no criminalizar la protesta.
Tomado de El Deber




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