En los prostíbulos de la ciudad de El Alto la botella de cerveza cuesta 60 bolivianos y viene con derecho a pieza, es decir, con una chica incluida. En 2015 un estudio de la Fundación Munasim Kullakita identificó seis zonas de riesgo en El Alto en las que contabilizó 105 lenocinios, alojamientos, discotecas y bares clandestinos de remate de chicas. Una de esas seis zonas es la 12 Octubre. En estas áreas no hay control y el delito se pasea como si nada.
La zona 12 de Octubre de El Alto se divide en tres niveles que el investigador Ariel Ramírez identifica como lo medio clandestino, lo clandestino y lo súper clandestino. Los tres tienen niveles pobres.
En estas calles se ven a adolescentes en espera de ‘clientes’, a trabajadoras sexuales, a proxenetas apostados en las esquinas, monitoreando a sus víctimas, y a hombres de guardapolvos blancos repartiendo volantes en los que se ofertan chicas: son los que hacen de nexo entre el explotador sexual y la víctima de trata de personas que ofrece sus servicios en las mal llamadas casas de citas o lenocinios.
No hay control o a veces el control pasa de largo y la emergencia para estas redes solo dura unas horas. Luego todo sigue igual.
A diferencia del mismo periodo de 2021, en el primer semestre de esta gestión los casos de trata y tráfico de personas aumentaron en un 23%. Hasta el 28 julio de 2022 la Fiscalía General del Estado atendió 1.081 investigaciones referidas a la trata de personas. Diferentes instituciones realizaron ferias referidas al tema, pero las víctimas lamentan que las autoridades solo se acuerden de este delito en el día que se conmemora esta lucha internacional.
La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, detalló que la principal incidencia se dio en el departamento de La Paz con 434 casos, seguido de Santa Cruz con 239, y en tercer lugar Cochabamba con 160.
Con menor incidencia, Cáceres informó que Tarija registró 56 casos, Potosí 52, Oruro 52, Chuquisaca 38, Beni 34 y Pando 24.
“Nosotros creemos y estamos conscientes que el trabajo tiene que ser conjunto, no solamente las instituciones llamadas por ley”, señaló la funcionaria a tiempo de recomendar que los padres de familia son un factor “muy fundamental” para luchar contra este ilícito.
El mayor índice de delitos es la trata de personas con 420 casos, le sigue la corrupción a niña, niño o adolescente con 238, sustracción de menor incapaz 186, pornografía 108, entre otros.
Cada 30 de julio se conmemora el Día Internacional contra la trata y tráfico de personas. En Bolivia las diferentes instituciones realizaron ferias para informas los resultados de investigaciones y también mostraron proyecciones para enfrentar este delito.
Ese es el caso del Ministerio de Justicia. El viceministro de Justicia, César Siles, adelantó que se plantea la firma de tratados con países donde hay una importante comunidad boliviana y endurecer las penas contra personas vinculadas con redes de trata y tráfico de personas.
En Bolivia fueron condenadas 12 personas por este delito y en 2021 se llegaron a cerrar 156 casos, según los datos oficiales sobre este delito de carácter transnacional.
Acuerdos internacionales
Siles también informó que Bolivia apunta a iniciar negociaciones con Estados Unidos, mientras que con España ya está en curso las gestiones. El viceministro explicó que otro aspecto a impulsar es el endurecimiento de las condenas contra las personas involucradas en este delito y el fortalecimiento de la Policía, la Fiscalía y la Justicia en esta materia, además de involucrar a la sociedad en este desafío.
Según datos de la Dirección General de Trata y Tráfico de Personas, que depende del Ministerio de Gobierno, en 2015 hubo 370 casos, 444 en 2016, en 2017 hubo 397 denuncias, en 2018, 332. En 2019 los casos fueron 373; 305 en 2020 y 420 en 2021. Y, en el primer semestre de este año, se registraron 262 casos. Estas cifras están muy por debajo de las que maneja la Fiscalía.
El gobierno de Luis Arce puso en marcha la campaña “Uniendo esfuerzos”, programa que tiene como fin erradicar la trata y tráfico de personas en el país.
El ministro de Justicia, Iván Lima, valoró que existan personas sentenciadas por el delito de trata y tráfico y expresó su preocupación que haya explotación laboral llegando al límite de servidumbre.
La presidente de la Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos (Asafavittp), María Rita Hurtado, pidió al Gobierno y otras entidades que hagan su trabajo de investigación.
El Deber
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