Un nuevo golpe a la economía de la Gobernación de Tarija: El Gobierno debitó Bs 13 millones para la Alcaldía de Uriondo

A escasos días de asumir como gobernador de Tarija, Oscar Montes Barzón ha develado la iliquidez por la que atraviesa el Ejecutivo Departamental a causa de los temidos débitos automáticos que ya causaron estragos durante la gestión de su predecesor, Adrián Oliva Alcázar, principalmente por el hecho de que las alcaldías tienen la potestad de ejecutarlos con total libertad mediante un trámite ante el Ministerio de Economía, en caso de que no se cumplan los desembolsos estipulados en la Ley “del 1%”.

La Ley Departamental 206 del 7 de abril de 2017, de transferencia de recursos económicos para inversiones concurrentes a los gobiernos autónomos municipales del departamento de Tarija, promulgada por la Asamblea Legislativa Departamental, es conocida como la Ley del 1%, misma que generó una serie de desencuentros entre alcaldes con el gobernador.

Dicha ley tiene por objeto establecer la transferencia de recursos económicos por concepto de regalías por hidrocarburos del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija a los gobiernos municipales beneficiarios, como también la regulación de los mecanismos necesarios para su estricto cumplimiento.

Los municipios que reciben la transferencia financiera consistente en el 1% del monto total percibido por la Gobernación por la renta petrolera, según la Ley N. 206, son: Bermejo, Cercado, El Puente, Entre Ríos, Padcaya, San Lorenzo, Uriondo y Yunchará.

Durante la gestión del exgobernador, Adrián Oliva, fueron suscritos 18 convenios nuevos de inversión concurrente con los municipios, a excepción de la provincia Gran Chaco, que en las cifras han supuesto Bs 280 millones asumidos por la propia Gobernación en los últimos años.

Ayer por la mañana, el gobernador Montes aprovechó el acto de posesión de los cinco subgobernadores restantes, para anunciar que una de las primeras medidas de contingencia de su gestión será proponer a la Asamblea Departamental la suspensión de al menos 100 leyes que comprometen íntegramente los recursos manejados por la Gobernación.

“Queremos informar que el día viernes ingresaron los recursos al Gobierno Departamental y duraron escasos segundos, porque inmediatamente han sido debitados por el Gobierno Municipal de Uriondo por Bs 13 millones, lo que nos ha dejado en absoluta iliquidez y que no tenemos ni siquiera para atender las necesidades más básicas de los niños huérfanos ni los ancianos, la pandemia, pagar sueldos ni nada, tenemos varios débitos que están en curso, como del Gobierno Municipal de San Lorenzo”, refirió al efectuar la debida conferencia de prensa en el Salón Rojo.

En ese orden, indicó que no hay posibilidades materiales de cumplir económicamente con estas 100 leyes que han sido promulgadas tanto por el anterior gobernador como por la Asamblea Departamental.

“Hemos hecho una estimación del ingreso que va a tener el Gobierno Departamental para este año y estará alrededor de Bs 540 millones, eso significa que esta Gobernación tiene menos plata que la Alcaldía de enfrente (Cercado), esa forma legal que han encontrado muchos alcaldes para hacer débitos es prácticamente imposible de sostener”, agregó la máxima autoridad ejecutiva de Tarija.

Quien no dudó en responder a las declaraciones del gobernador, fue el exalcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz García, quien justamente tramitó el débito automático ejecutado en pasadas horas.

“No podemos avanzar sacrificando a los municipios, la Ley del 1% es una conquista de los pueblos que siempre vivieron olvidados. Tarija necesita soluciones creativas para salir de la crisis, no ir por el camino del ajuste que afecta a los más pobres, como la ‘vieja política’ acostumbra”, compartió el impulsor de la Ley 206 mediante sus redes sociales.

El primer vicepresidente de la Asamblea Departamental, Mauricio Lea Plaza Peláez, opina que este mecanismo financiero roza la inconstitucionalidad, pero además tiene un trasfondo netamente político, tal como arguye el gobernador.

“Nadie puede invadir la soberanía fiscal de una entidad autonómica y ese es un principio que está en la Ley Marco de Autonomías”, acotó.

“Hemos identificado un total de 100 leyes que asignan recursos financieros del Gobierno Departamental para diferentes tipos de actividades. Estamos cursando el día de hoy una carta al presidente de la Asamblea y a todos los asambleístas departamentales, para que puedan dejar en suspenso la aplicación de estas leyes y la suspensión de algunas de ellas”, enfatizó Montes.

Con información de El Andaluz