Ahoradigital.- EL pasado fin de semana, el gobernador del departamento, Oscar Montes Barzón, el alcalde de Cercado, Johnny Torres Terzo, el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila Reese, y el ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez por separatismo e instigación pública para delinquir.
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El pasado mes de noviembre a tres días de iniciarse la movilización con un paro indefinido en contra de la ley de ganancias ilícitas, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Comunidades Campesinas de Tarija (FSCCT), Rubén Aldo Velásquez, quien es afín al MAS, se apersonó a una de las ventanillas del Ministerio Público para que admita la demanda y abra una investigación por este paro.
“Saludo la rapidez con la que la Fiscalía actuó con relación a esta caso, el pasado jueves 11 de noviembre fue presentada la denuncia, en menos de 24 horas ya fue aceptada y se designó al Fiscal para que haga seguimiento e investigación y en menos de 48 horas ya debíamos ir a declarar, entonces espero que actúen de la misma forma y con la misma rapidez en favor de las personas que por años esperan justicia”, declaró en noviembre el Alcalde Torres.
Hoy en conferencia de prensa, denunció persecución política, «es un locura absoluta, pero bien, esta es la persecución que se hace», dijo «entendemos que los móviles son netamente políticos y va a quedar en la historia que soy el primer Alcalde que se juzgue por estas cosas» dijo.
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Por su parte, el presidente Cívico, Adrian Avila, acusó a la Fiscal Departamental de estar sometida al Gobierno.
El Gobernado Oscar Montes aún no se ha pronunciado de esta imputación.
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