Unidad Nacional (UN) denunció este martes que el Gobierno amedrenta y persigue al gobernador de Tarija, Óscar Montes; al alcalde Johnny Torres y a los dirigentes cívicos tarijeños, por haber protestado contra la norma de legitimación de ganancias ilícitas.
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“Una vez más, el MAS usa a la Fiscalía para perseguir y sancionar a los que piensan diferente y se oponen a sus medidas. El presidente Luis Arce reconoció, al pedir la abrogación de la Ley 1683 (abrogada el 16 de noviembre pasado), indirectamente que esta no era positiva para el país y que, por tanto, denunciarla era un deber civil de que quienes habían organizado el paro cívico de noviembre. Deploramos este abuso, lo denunciamos y nos movilizaremos para impedir que se lleve a cabo”, se lee en un comunicado de UN.
El lunes se conoció que la Fiscalía imputó al gobernador Montes, al alcalde Torres, al presidente del Comité Cívico tarijeño, Adrián Ávila, y al ejecutivo del autotransporte Gabriel Pérez por el delito de instigación pública a delinquir por la convocatoria al paro contra las leyes antilegitimación.
La denuncia fue interpuesta por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, Aldo Velásquez, el 11 de noviembre, tres días después de iniciada la medida de presión contra el Gobierno, reportó El País de Tarija.
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La presidenta de UN, Elizabeth Reyes, manifestó su solidaridad y agregó que todo se trata de un acto de amedrentamiento y persecución política de parte del Gobierno.
“Mi solidaridad y la de mi partido con Oscar Montes, Johnny Torres y los dirigentes de Tarija frente a este acto de amedrentamiento y persecución. La judicialización de la política es una práctica inaceptable en democracia”, escribió Reyes en su cuenta de Twitter.
En el comunicado lamentan que con este tipo procesos judiciales, una vez más se quiera criminalizar y reprimir el derecho de expresión política, que es fundamentalmente en cualquier democracia.
Página Siete
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