El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Edwin Rosas anunció que este lunes formalizará una denuncia en contra del exrector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), Gonzalo Gandarillas por provocar un daño económico al Estado con la paralización y rescisión de contrato en el proyecto de Construcción del Campus Universitario en Yacuiba.
El diputado aclaró que pese a la recomendación del fiscal de obra de no rescindir el contrato por el daño que se podría generar a la universidad, la exautoridad decidió terminar con el contrato y la empresa inició acciones legales en contra de la universidad.
El legislador nacional indicó que el 2019, Gandarillas decidió paralizar la obra de manera unilateral y se decide resolver el contrato con la empresa a través de una resolución rectoral.
Indicó que la empresa a cargo del proyecto, realizó varias advertencias, pero no fue escuchada, por lo que decidió realizar acciones legales en contra de la universidad por una suma de 14 millones de bolivianos, por daños y perjuicios ocasionados con la rescisión de contrato.
La universidad perdió en primera instancia en Tarija y la decisión fue enviada a Sucre para su revisión, en donde se ratificó la determinación y se determinó el pago de recursos a la empresa por daños y perjuicios provocados.
Rosas dijo que la obra se paralizó solo por capricho del exrector, generando un daño económico en contra de la universidad y por ende en contra del Estado
Hasta el momento, dijo que la universidad ya habría pagado alrededor de 11 millones de bolivianos a la empresa.
“En ese entonces los fiscales de obra recomiendan al rector que no resuelva el contrato, eso generaría daño económico a la universidad”, expresó.
La denuncia formal se presentará la mañana de este lunes en contra de la exautoridad de la UAJMS. Por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, incumplimiento de deberes, daño económico al Estado, entre otros.
El diputado pedirá al Ministerio Público que investigue este caso y que se castigue a los responsables del daño económico provocado.
“La universidad a título de la autonomía universitaria se ha manejado como si fuera una finca particular”, señaló.
Reiteró que se tomó la decisión, pese a la recomendación del fiscal de obra, de no resolver el contrato.
Mira también
El Andaluz
