El Gobierno de Bolivia informó este miércoles que la Fiscalía y la Policía del país coordinan con sus similares de Chile para investigar la denuncia que hizo la Administración de Rodrigo Paz del robo y adulteración de combustible destinado al mercado boliviano con afectaciones millonarias al país.
El Ministerio de Gobierno recordó en un comunicado de prensa la detención, la semana pasada, de un conductor de un camión cisterna que intentó descargar en la planta de Senkata «con características anómalas y fuera de especificaciones», cuya carga provenía del norte de Chile.
Según el ministerio, el hombre, «en su declaración preliminar admitió haber sustraído y sustituido parte del combustible en territorio chileno, a cambio de un beneficio económico ofrecido por un tercero», por lo que se le inició un proceso penal por el posible delito de «sabotaje».
La entidad indicó que «se desarrollan actos investigativos técnicos y operativos», como el análisis del combustible, pericias digitales y la verificación de rutas, entre otros, para «determinar si este hecho responde a una acción individual o a una estructura más amplia».
«En este marco, se ha activado coordinación entre las fiscalías y fuerzas policiales de Bolivia y Chile, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y establecer responsabilidades», agregó.
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En la víspera, el presidente Paz denunció la existencia de una «mafia internacional» que involucra a Chile, Argentina y Paraguay, dedicada al robo, adulteración y sabotaje de gasolina y diésel que generó perjuicios económicos de hasta 150 millones de dólares a su país, y apuntó al Gobierno del expresidente Luis Arce (2020-2025).
Según Paz, la red opera en varios países y robaba el combustible boliviano que posteriormente era adulterado con agua y otros productos antes de ser reintroducido al mercado nacional, lo que provocó que muchos vehículos fueran dañados.
El presidente de Bolivia habló de este asunto en la reunión virtual que sostuvo el martes con su par chileno, José Antonio Kast, quien, según las autoridades bolivianas, expresó su «total voluntad» para apoyar en las investigaciones de esta denuncia.
Además, el lunes el Ejecutivo decidió el cambio en la presidencia de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con la salida de Yussef Akly y la designación de Claudia Cronenbold.
La denuncia y el cambio de autoridad ocurrieron tras las protestas de sindicatos de transportistas de La Paz y El Alto por los daños causados en sus vehículos por la calidad del combustible.
Según datos oficiales, Bolivia importa casi el 100% del diésel y el 60% de la gasolina que consume.
Fuente: Correo del Sur
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