AHORADIGITAL.- El Gobierno nacional presentó el Decreto Supremo 5600, una medida calificada por las autoridades como un ataque directo a un sistema de corrupción instituido durante las últimas dos décadas. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que la norma anula 161 decretos que permitían contrataciones directas y discrecionales, las cuales evadieron controles fiscales por montos que superan los 7.900 millones de bolivianos y 96 millones de dólares. Según el Ejecutivo, estas decisiones políticas priorizaron el beneficio de particulares sobre las necesidades urgentes de la población, dejando un rastro de proyectos inconclusos en todo el país.
Durante la conferencia, se revelaron casos críticos de infraestructuras millonarias que hoy se encuentran paralizadas o sin utilidad funcional. Entre los ejemplos citados destacan hospitales de cuarto nivel mal planificados, unidades de radioterapia abandonadas en Cochabamba y Potosí, y aeropuertos como el de San Ignacio de Velasco, que costó 215 millones de bolivianos y no registra vuelos comerciales. El ministro Lupo fue enfático al señalar que estas obras, lejos de servir a la gente, representaron un despilfarro de recursos sagrados que pudieron financiar centros de salud de segundo nivel más cercanos a la realidad ciudadana.
Liberación económica y uso de tarjetas
En materia financiera, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció la normalización inmediata del uso de tarjetas de crédito y débito para transacciones internacionales. A partir de mañana, los usuarios podrán realizar pagos en plataformas digitales y compras en el exterior sin las restricciones impuestas en años anteriores, mientras que las tarjetas de crédito no tendrán límites más que la capacidad de pago del cliente, las de débito contarán con un piso mínimo de 500 dólares mensuales, operando bajo el tipo de cambio referencial publicado por el Banco Central de Bolivia.
«Contratación directa era igual a corrupción directa»
El presidente Rodrigo Paz Pereira cerró la presentación con un discurso centrado en «ordenar la casa» y recuperar la confianza del ciudadano en las instituciones. Paz denunció que el modelo anterior fomentaba una «ideología de la corrupción» donde el único requisito para obtener contratos millonarios era la cercanía política con el partido de turno.
«La contratación directa se volvió en numerosos casos igual a la corrupción directa. No nos olvidemos que estos contratos no son simples papeles, son el dinero de todos los bolivianos», aseveró el mandatario, asegurando que su gestión busca transformar este escenario opaco en uno de reglas claras y control institucional.
Incentivos para el bolsillo ciudadano
Además de las medidas contra la corrupción, el Ejecutivo destacó la aprobación de leyes que eliminan trabas impositivas históricas. Se anunció la supresión del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) para operaciones en dólares y el reconocimiento del 100% del crédito fiscal en la compra de combustibles, un beneficio directo para el sector transporte que antes solo percibía el 70%. Estas acciones forman parte de la visión de «capitalismo para todos», orientada a devolver liquidez a los trabajadores y facilitar el ahorro sin castigos tributarios por parte del Estado.
Justicia y responsabilidades penales
Ante las consultas de la prensa sobre el destino de las obras inconclusas, el Gobierno confirmó que la prioridad es reactivarlas para que cumplan la función para la que fueron diseñadas. Sin embargo, aclararon que esto no implica impunidad; por el contrario, se iniciarán auditorías y procesos judiciales contra quienes malversaron fondos. El presidente Paz fue tajante al señalar que varios responsables ya se encuentran en prisión y que otros deberán rendir cuentas ante la justicia. «Quien hizo bien su trabajo no tiene nada que temer, pero quien utilizó al Estado para beneficiar intereses particulares debe responder», sentenció el gabinete ministerial.
Finalmente, el Gobierno reafirmó su compromiso de sacar al país del difícil momento económico mediante la coordinación entre todas las regiones, desde el Oriente hasta el Occidente. Las autoridades aseguraron que los anuncios realizados no buscan la persecución política, sino la transparencia y el fortalecimiento de la economía familiar.
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