Desde el sector productivo volvió a ponerse sobre la mesa la propuesta de la libre importación de diésel, como una alternativa para enfrentar el impacto del nuevo esquema de precios establecido en el Decreto Supremo 5503.
El tema fue abordado en una mesa de diálogo instalada en Santa Cruz, con la participación de los ministros de Hidrocarburos, Economía, Planificación y Desarrollo Productivo, que ingresó en cuarto intermedio hasta la próxima semana.
El presidente del Comité de Defensa del Productor de Santa Cruz (Codepro), Edward Condo, explicó que el sector maneja un costo estimado de entre Bs 7 y Bs 7,50 por litro de diésel, si se permite la importación directa por parte de los productores, sin intervención estatal. En contraste, el Gobierno fijó un precio de comercialización de Bs 9,80 por litro en el marco del Decreto 5503, lo que representa un incremento del 163%.
“Estamos hablando de importar directamente, sin que el Gobierno participe en el proceso. Eso permitiría aliviar a los pequeños productores, que no pueden costear el nuevo precio”, señaló Condo, al hacer un balance del encuentro con las autoridades.
Diésel
Como resultado de la reunión, se acordó la instalación de mesas técnicas, en las que se analizará esta propuesta junto con otros mecanismos destinados a oxigenar al sector productivo.
Entre los temas tratados también se incluyó la eliminación de las tarjetas B-Sisa para acceder al diésel, medida que deberá ser reglamentada, según el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Justiniano.
El agro cruceño también insistió en la necesidad de liberar la exportación de soya, en la misma línea de lo anunciado para productos como maíz, sorgo, azúcar y carne de res, que ya no requieren el certificado de abastecimiento interno, aspecto que fue incorporado en el decreto.
Por su parte, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, afirmó que el Decreto Supremo 5503 puede ser mejorado o ajustado, pero descartó su eliminación. Subrayó que el Gobierno mantiene una apertura al diálogo para explicar los alcances de la norma y evaluar propuestas sectoriales, en el marco de su aplicación ya vigente.
Hasta el pasado miércoles, según las autoridades, el Estado debía destinar $us 10 millones para mantener bajos los precios de combustibles. Con la eliminación de la subvención se prevé reducir costos y que lo ahorrado se destine a universidades, gobernaciones y municipios.
La Razón
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