El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha propuesto esclarecer los hechos en el caso Ayotzinapa cueste lo que cueste. El Gobierno ha instalado, a seis semanas de tomar posesión, una comisión de la verdad para conseguir un solo propósito: entender qué fue lo que sucedió los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes de una escuela normal. Para llegar a esa verdad, la Secretaría de Gobernación (Interior) anunció el pasado martes que se apoyará en la figura del “colaborador eficaz”, una herramienta que motivará a hablar a aquellos que tengan información sobre lo sucedido, incluso a los involucrados que están encarcelados gracias a las pesquisas iniciadas en la Administración de Enrique Peña Nieto.
“Diseñaremos e implementaremos una política de incentivo para personas que detenten información sobre el caso, incluyendo a aquellas que actualmente se encuentran privadas de la libertad”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la comisión de la verdad, durante la instalación formal del órgano.
Félix Santana, secretario técnico de la comisión, ha definido la propuesta del nuevo Gobierno como “un paquete de beneficios”. La figura del colaborador estará destinada a las más de 100 personas detenidas bajo la causa judicial del caso Iguala y aquellas en libertad que tengan datos, pero no hayan hablado por miedo a represalias. “La idea es crear un plan de beneficios para obtener información que no haya sido difundida antes. Vamos a preparar este paquete y después vamos a acercarnos a ellos. El objetivo central es obtener información de calidad”, ha apuntado Santana a este periódico.
A aquellos en libertad, explica Santana, se les ofrecerá fundamentalmente condiciones de seguridad para que puedan hablar sin que sus vidas corran riesgo. Para los que estén en prisión los incentivos podrían ir desde traslados a otros centros de detención de su preferencia hasta beneficios dentro de las penitenciarías o, incluso, la reducción de penas. “Las rebajas de condena son más complicadas porque tienen que ver con el proceso judicial, pero se tendría que verificar [la viabilidad] en cada uno de los casos. No se descarta absolutamente nada”.
La investigación llevada a cabo por la justicia durante la presidencia de Peña Nieto estuvo plagada de sospechas. Cuando la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer las conclusiones del informe, que establecía que los 43 habían sido asesinados e incinerados en un basurero en la localidad de Cocula por delincuentes del grupo Guerreros Unidos, el recelo fue en aumento. «Se había perdido y contaminado evidencia», «se había ocultado información», «se basaba en declaraciones tomadas bajo tortura» eran algunos de los señalamientos de familiares y defensores de derechos humanos contra el expediente.
Con este antecedente, el Gobierno de López Obrador quiere marcar una diferencia en la investigación y alejarse de las sombras que generaron las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, especialmente la de testimonios obtenidos bajo tortura. Santana asegura que la comisión de la verdad tiene información de que existen personas relacionadas al caso que cuentan con datos que no han brindado por miedo a las represalias. «¿Qué tipos de incentivos podemos ofrecerles para que se atrevan a hacer estas declaraciones? Ahí requerimos desafiar nuestra propia creatividad», dice.
El penalista Gabriel Regino señala que el colaborador eficaz existe en el Código Penal con el nombre de «criterio de oportunidad». La legislación no establece beneficios como la rebaja de pena, pero sí la liberación de una persona. “El colaborador no puede dar un relato fantasioso, tiene que ser corroborado. El trabajo de la Fiscalía es precisamente verificar eso. Una vez comprobado, ahí puede recibir los beneficios”, explica el abogado. Si la figura no fue aplicada anteriormente fue, según él, porque la PGR desconocía de derecho penal.
“No había necesidad de aplicarlo”, defiende Eduardo Zerón, exportavoz de la PGR. Los señalados como culpables ya habían reconocido su responsabilidad, asegura. ”Nos dieron sus versiones sin más”. Lo que sí se aplicó durante los cuatro años de investigación fue la figura de testigo protegido para las víctimas que tenían miedo a hablar y no para los victimarios. Zerón admite que la utilización del criterio de oportunidad podría traer aportes interesantes, pero advierte de que se corre el riesgo de aplicarla en exceso.
«Más de 100 versiones de los hechos»
La comisión debe verificar la viabilidad jurídica y las condiciones necesarias para llevar a cabo los beneficios negociados con los colaboradores. El gran desafío que enfrentará será el de encontrar en la lista de más de 100 acusados aquellos que de verdad posean información de calidad. «Puede terminar siendo una locura», advierte Regino. «Podría terminar habiendo más de 100 versiones de los hechos». El abogado explica que una oferta generalizada de incentivos podría llevar a aquellos que estén en prisión a inventar historias para recibir los beneficios. Santana apunta que empezarán por algunos nombres clave que se ha negado a hacer públicos. “Hay un conjunto de líneas de investigación en donde queremos profundizar y hay actores principales que pueden brindar información adicional”.
elpais.com
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