Cinco exfuncionarios de la Aduana Nacional que prestaban servicios en el aeropuerto internacional de Viru Viru se presentaron este martes, a las 16:00, a declarar ante el Departamento Especializado en Lucha Contra la Corrupción (Delcc), en el marco de la investigación por el presunto delito de incumplimiento de deberes dentro del denominado caso ‘maletas’.
Los exservidores son investigados por no haber realizado la revisión de más de 30 maletas que fueron retiradas del aeropuerto el 30 de noviembre de 2025 por la exdiputada Laura Rojas. La exlegisladora está detenida preventivamente en la cárcel de Palmasola junto al juez Hebert Zeballos Domínguez por los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa.
La citación se produjo luego de una denuncia formal presentada por la Gerencia Regional de la Aduana ante la unidad anticorrupción de la Fiscalía, en la que se señala que los funcionarios de turno habrían omitido los procedimientos establecidos para el control del equipaje que arribó en un vuelo chárter procedente de Miami.
El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gilmar Valencia, explicó que el caso se encuentra en etapa inicial y que, por el momento, el objetivo es recabar las declaraciones informativas de los involucrados.
“Hay una denuncia porque estas personas no habrían hecho el procedimiento adecuado de revisión. Estamos en la etapa de citación y toma de declaraciones”, precisó.
El viernes, uno de los exfuncionarios investigados, Álvaro Alejandro Barbery Guzmán, brindó una declaración clave en calidad de testigo ante la Fiscalía, por el proceso de tráfico de sustancias controladas en el que se procesa a Laura Rojas y Hebert Zeballos.
En su testimonio, al que tuvo acceso EL DEBER, aseguró que él y otros cuatro excolegas alertaron oportunamente a la Dirección Jurídica de la Aduana sobre la llegada irregular de las maletas, pero que no se activó ninguna denuncia formal.
Barbery responsabilizó a la entonces gerente regional de la Aduana y actual jefa de la Unidad Jurídica en Santa Cruz, Mónica Andrea Castro Torrez, por no haber denunciado el caso conforme a procedimiento, pese a haber sido informada del arribo del equipaje.
El exfuncionario sostuvo que los técnicos operativos cumplieron con su deber al elaborar informes en los que se dejó constancia de que 31 maletas, de las 32 que llegaron, quedaron en condición de rezagadas tras el aterrizaje del vuelo chárter del 29 de noviembre de 2025, y que la responsabilidad de denunciar correspondía a las autoridades jerárquicas.
Barbery también rechazó haber tenido contacto con las maletas el día en que fueron retiradas del aeropuerto y afirmó que se encontraba fuera del recinto, versión que —según su defensa— está respaldada por comprobantes electrónicos. Además, cuestionó su destitución, al señalar que fue apartado del cargo sin un proceso administrativo previo.
La defensa de los exfuncionarios sostiene que existen elementos que demostrarían que las autoridades superiores tenían conocimiento pleno de la irregularidad, pero que no activaron los mecanismos legales correspondientes, tal como lo establece la Ley General de Aduanas y el Código Penal.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso ‘maletas’ continúa generando controversia por el alcance de las responsabilidades y el foco de la investigación, que por ahora se centra en funcionarios técnicos, mientras se analiza el rol de los niveles jerárquicos dentro de la Aduana Nacional.
El Deber
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