El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, envió una nota dirigida al inspector general de las Fuerzas Armadas (FFAA), Hernán Crespo, para que inicie un proceso sumario contra el comandante de la Armada, Francis Franck, y el jefe de Estado Mayor, Juan Arnez, por presuntos hechos de corrupción. La denuncia fue presentada por la abogada Lucía Paredes, exasesora jurídica de la institución naval.
“Tengo a bien poner en su conocimiento que las denuncias interpuestas por su persona en contra del almirante Francis Efraín Franck Salazar, comandante de la Armada, y en contra del contraalmirante Juan Arnez Salvador, jefe de Estado Mayor, han sido remitidas con toda su documentación al Inspector General de las FFAA, conforme al artículo 51 de la Ley Orgánica de las FFAA (LOFA), Ley N. º 1405”, señala la carta firmada por Novillo y dirigida a Paredes.
La nota a la que Página Siete tuvo acceso está fechada el 18 de octubre de este año. “El señor Inspector General de las FFAA del Estado deberá informar a esta cartera de Estado todas las acciones que por derecho correspondan ser ejecutadas”, concluye la nota codificada “MD – DGAJ – UGM N. º 12880 / 2022”.
Este medio pidió la contraparte sobre el tema al Comando de la Armada y al Inspector de las FFAA, pero ninguno atendió las consultas.
Contexto
Paredes, exasesora jurídica del Comando de la Armada, denunció ante los ministerios de Justicia y de Defensa, y ante las unidades de Transparencia de la Armada, varias irregularidades cometidas en la administración del Centro Ganadero Fernández Alonzo, ubicado en el departamento de Beni. Entre 2010 y 2012, este negocio de control militar fue administrado por el hermano gemelo del comandante de la Armada, el capitán de navío Nelson Abdul Franck Salazar, quien durante siete años fue procesado por ese mal manejo.
Pese a todas las irregularidades detectadas en la administración del centro ganadero, que provocaron pérdidas económicas y una baja en la calidad de la raza bovina, en 2019 el entonces comandante de la Armada, Gonzalo Jarjuri (detenido por el caso de supuesto golpe de Estado), emitió un sobreseimiento en favor de Nelson Franck.
Paredes dijo que ese documento es ilegal. Explicó que en 2019 Francis Franck era “ayudante de órdenes” de Jarjuri, por lo que ella sospecha que se cometió tráfico de influencias para favorecerlo.
“Fue a raíz de ese caso que inician una persecución y hostigamiento laboral contra mi persona que termina con mi destitución (en septiembre de este año) por supuestas faltas disciplinarias. Se intentó hacer que un juez y un secretario sumariante (militares) firmen una resolución de proceso en mi contra, la que fue redactada por otro personal militar. Ambos se negaron a firmar ese proceso montado en mi contra y uno de ellos denunció lo que pasaba, ahora tengo una copia de dicho informe y lo usaré para defenderme de esta persecución”, manifestó Paredes a Página Siete.
En uno de los últimos memoriales dirigidos al ministro Novillo, Paredes afirmó que ampliará la denuncia inicial planteada contra Franck, hacia el actual jefe de Estado Mayor por supuesta complicidad.
Otra parte de la denuncia hecha por la abogada señala que, en medio del hostigamiento laboral que sufrió, Franck presentó una resolución que él firmó con un grado militar que aún no se le había otorgado.
“Ocurre que el 30 de diciembre de 2021, el señor Francis Franck utiliza el grado de contraalmirante, sin derecho de hacerlo, cuando aún legalmente era capitán de navío y firma la directiva N. º 08/21”, señala uno de los memoriales que Paredes envió al Ministro de Defensa en julio de este año.
La exasesora jurídica de la Armada explicó que la “directiva” (instrucción) fue usada como fundamento para su destitución “ilegal”.
Paredes manifestó que tanto ella como otros militares son víctimas de persecución por orden de Franck. La abogada exige a las autoridades garantías personales para ella y su familia, debido a la gravedad de los hechos por la presunta corrupción que se pretende encubrir con su destitución.
Centro ganadero
Detalle Según la denuncia de la exasesora jurídica del Comando de la Armada Lucía Paredes, en las gestiones de 2010 a 2012 se cometieron varias irregularidades en el Centro Ganadero Fernández Alonzo, ubicado en la región de Beni. El informe en conclusiones sobre ese caso, emitido por un juzgado sumariante, revela: mal manejo técnico en la administración; faltas en el proceso de ventas del ganado; cambio del sistema de marcado del hato ganadero sin respaldo legal, incluyendo indicios de reemplazo de “ganado mayor por menor”; pero, además, la descapitalización del patrimonio ganadero por ventas no justificadas, entre otras falencias que se debieron sancionar.
Página Siete
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