AHORADIGITAL.- La abogada Ghina Castellanos desmintió categóricamente las acusaciones sobre la existencia de sentencias ejecutoriadas contra el exgobernador Mario Cossío Cortés, calificando tales afirmaciones como una «verdad contada a medias» y una «canallada». Castellanos explicó que, tras un análisis profundo de las causas judiciales, se evidencia que Cossío fue víctima de una persecución desnaturalizada mediante cuatro juicios en rebeldía realizados mientras él se encontraba refugiado en Paraguay sosteniendo que estas acciones carecían de sustento legal y fueron meros pretextos políticos.
Según la defensa, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la sentencia 01-20-24, ratificó que juzgar a una persona en rebeldía es un acto ilegal e inconstitucional en Bolivia. De igual forma detalló que, aunque inicialmente hubo tres sentencias condenatorias debido al amedrentamiento que sufrieron los jueces de la época, todas han sido anuladas mediante autos de vista y autos supremos.
Respecto a los casos específicos, la abogada precisó que el proceso «Caso Vía Tojo – La Verdiguera» está prescrito y anulado, mientras que en el caso «Piscina Olímpica» existe una resolución de sobreseimiento confirmada que exime de responsabilidad a los exfuncionarios. En el tercer caso por enriquecimiento ilícito, la condena también fue revertida por las máximas instancias judiciales. Castellanos enfatizó que esta documentación oficial es la razón por la cual no figuran registros negativos en el sistema judicial ni en la Contraloría.
Castellanos defendió la labor de la Contraloría General del Estado y del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), asegurando que ambas entidades han actuado bajo la norma al emitir solvencias y certificados de antecedentes limpios argumentando que, al no existir fallos ejecutoriados que den lugar a cobros o responsabilidades penales vigentes, las instituciones no tienen nada que informar en contra de Cossío.
La defensa reiteró que la información que circula en contra de su cliente es interesada, sesgada y no obedece a la realidad jurídica actual.
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