AHORADIGITAL.- El presidente de la Cámara de la Construcción (CADECO), Ing. Rolando Surriable, manifestó su profunda preocupación por la parálisis que atraviesa el sector debido a la falta de respuesta del Gobierno Nacional ante el incremento de los costos operativos, denunciando que, pese a las insistentes solicitudes de un decreto de reajuste de precios, no existe ningún avance administrativo, lo que ha empujado a las empresas a organizar movilizaciones a nivel nacional.
El dirigente cuestionó que las autoridades den prioridad a agendas internacionales mientras la industria local se desploma por la inviabilidad financiera de las obras en curso.
Según el representante, la crisis ha provocado que aproximadamente el 30% de los contratos de obras públicas estén en fase de resolución, dejando a miles de trabajadores sin empleo y afectando el patrimonio de las constructoras y los precios de los insumos han subido un 60% en promedio, haciendo imposible cumplir con los contratos firmados originalmente. «La construcción en el país ya se está cayendo. Eso es lo que no se está dando cuenta el Gobierno en el momento. La construcción del país está de picada hacia abajo», sentenció el ingeniero, advirtiendo que la industria enfrenta un escenario de quiebra inminente si no se toman medidas correctivas urgentes.
El sector exige un Decreto Supremo que garantice seguridad jurídica a través de tres pilares:
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- el ajuste de precios en materiales, mano de obra y equipo;
- la ampliación de plazos para los contratos vigentes desde diciembre de 2025
- la facultad de rescindir contratos sin penalización si el Estado no puede cubrir los nuevos costos.
Surriable lamentó que, mientras el sector intenta sobrevivir, las instituciones recaudadoras y los supervisores de obra mantengan una postura rígida, aplicando multas y procesos legales sin considerar la realidad económica que impide concluir los proyectos.
La falta de una «pausa» en el cobro de impuestos y la presión de los fiscales de obra han agravado la situación, llevando a que un 80% de los proyectos actuales enfrenten problemas legales o intenciones de resolución, señalando que es irónico que el Gobierno dicte medidas económicas que encarecen la vida pero no aplique los correctivos necesarios para el sector que mueve el aparato productivo del país.
El dirigente advirtió que la capacidad de aguante de las empresas está al límite y que muchas optarán por la vía legal para proteger lo poco que les queda de capital.
Finalmente, el presidente de la Cámara de la Construcción confirmó que las próximas medidas de presión se coordinarán con la Confederación de Entidades Empresariales (CABOCO).
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