AFP / Brasilia
La corte suprema de Brasil inició hoy la audiencia que debe decidir si el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva puede ser detenido para cumplir una larga condena por corrupción y lavado de dinero o si puede agotar en libertad todos los recursos en las máximas instancias judiciales.
«Ningún ciudadano puede ser considerado culpable» hasta que todos los tribunales lo hayan determinado, afirmó el abogado de Lula, Roberto Batochio, al inicio de los debates hacia las 15H15 locales (18H15 GMT).
La deliberación ocurre apenas cuatro días antes de que el tribunal de segunda instancia de Porto Alegre (TRF4) responda una apelación contra la sentencia que condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión, por recibir un apartamento de lujo de la constructora OAS, implicada en el escándalo de sobornos de Petrobras.
Si una mayoría de los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) denegara el habeas corpus preventivo y el TRF4 confirmara el lunes la sentencia, Lula, de 72 años, quedaría a las puertas de la cárcel, ya que la jurisprudencia actual permite encarcelar a quienes tengan una condena firme en la segunda instancia.
Pero si el STF concediera el habeas corpus, Lula podría seguir en libertad, cualquiera sea el fallo del TRF4, mientras se desarrolla el proceso en su contra ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) -tercera instancia- y eventualmente ante el propio STF. Una travesía que podría durar meses o años.
Partidarios y detractores de Lula se concentraron afuera del tribunal en Brasilia, con pancartas que pedían la prisión o la libertad del exmandatario.
«Hoy es un día muy importante para Brasil. Lula siempre tiene una estrategia de aprovecharse de la situación y no cumplir la ley», afirma el repartidor Marcelo Venancio, de 26 años.
En la acera contraria, la profesora jubilada Sandra Correia, de 65 años, asegura que «no hay ninguna prueba contra Lula».
«La voluptuosidad de encarcelar a un presidente»
«El encarcelamiento de Lula está marcado para el día 26», afirmó Batochio, y si eso ocurre, será para ceder a «la voz de la calle».
«Existe cierta voluptuosidad en encarcelar a un presidente», agregó el abogado. «No es que un presidente sea un ciudadano diferente, no está encima de la ley, nadie puede estarlo. Pero a nadie puede retirársele la protección del orden jurídico», puntualizó.
La fiscal general, Raquel Dodge, consideró en cambio que un habeas corpus no puede ser concedido de manera preventiva y que la ejecución de la pena no es contraria a la presunción de inocencia.
El STJ ya rechazó a inicios de marzo un habeas corpus preventivo de Lula.
Cualquiera sea el resultado, Lula no debería librarse de la inhabilitación que impone la justicia electoral a los candidatos condenados en segundo grado. Líder holgado en los sondeos de intención de voto, el futuro electoral del expresidente (2003-2010) recién se dilucidará durante la ventana de inscripción de candidatos, entre el 20 de julio al 15 de agosto.
Para Michael Mohallem, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas (FGV), la posibilidad de que Lula recurra en libertad «puede cambiar totalmente el juego electoral».
«Es crucial, los candidatos están esperando esta definición para saber cómo moverse», dijo a la AFP.
Lula: nadie «es más honesto que yo»
Todo indica que el próximo lunes el TRF4 rechazará los cuestionamientos de la defensa del dos veces presidente de Brasil (2003-2010), con lo cual Lula podría ser detenido ese mismo día o al siguiente, según la fecha de publicación del fallo.
Lula volvió a negar los cargos en su contra en la noche del miércoles durante una gira de precampaña por el sur del país.
«Ninguno de ellos es más honesto que yo. Dieron vuelta mi casa, hasta mi colchón, abrieron el extractor de aire y no tuvieron el coraje de pedir disculpas y decir que no encontraron ni un centavo ilegal en toda mi vida», declaró.
La «caravana» terminará el miércoles próximo en Curitiba, sede del famoso tribunal número 13 del juez Sergio Moro, responsable de la condena inicial de Lula (a nueve años y medio de cárcel), ampliada en enero por el TRF4 a doce años y un mes.
Los fiscales de Curitiba se mostraron alertas ante la posibilidad de que el STF abra una brecha en la ejecución de penas a partir del fin de proceso de segunda instancia. Esa herramienta, junto con las prisiones preventivas y las delaciones premiadas, han sido esenciales para condenar a poderosos empresarios y políticos en el marco de la operación Lava Jato, que investiga una red de sobornos centrada en Petrobras.
Y temen que ese precedente sirva para liberar a otros condenados.
La posible ejecución de la pena a partir de la condena en firme en segunda instancia fue decidida por el STF en 2016, en una apretada decisión de 6 votos contra 5, y sigue siendo objeto de fuertes controversias.
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