La Cámara Automotor Boliviana (CAB) expresó su rechazo a la propuesta de nacionalizar vehículos indocumentados y advirtió que una eventual legalización de los denominados «autos chutos» significaría premiar actividades ilícitas y castigar al sector formal cuyos precios no pueden competir con coches de origen ilegal.
El presidente de la CAB, Jhonny Salvatierra, cuestionó que se impulsen iniciativas de este tipo desde la Asamblea Legislativa y sostuvo que, en lugar de fortalecer el aparato productivo, se estaría favoreciendo a quienes operan al margen de la ley.
«Se estaría premiando a la serie de delitos que viene atravesando todos estos vehículos, porque atrás de un vehículo indocumentado hay tráfico, hay sangre, hay mafia», afirmó en entrevista con La Tarde en Directo de ERBOL.
Según el dirigente empresarial, una eventual nacionalización enviaría una señal negativa a inversionistas, fabricantes internacionales y empresas que cumplen con las normas tributarias y aduaneras del país.
«¿Quién va a querer invertir en un país que legaliza el contrabando y el narcotráfico? Sería una burla para las personas que somos formales, que hemos pagado todos los impuestos y para la ciudadanía en general», sostuvo.
Salvatierra aseguró que la medida también perjudicaría directamente a los propietarios de vehículos importados legalmente, al provocar una depreciación de sus activos por el ingreso de unidades similares comercializadas a precios considerablemente menores.
«El ciudadano boliviano va a tener una depreciación de su vehículo y de su activo para beneficiar a unos cuantos avivados que quieren traer vehículos chutos y hacer negocio con esa actividad ilegal», señaló.
El presidente de la Cámara explicó que la diferencia de costos entre la importación legal y el ingreso ilegal de vehículos hace imposible cualquier competencia en igualdad de condiciones.
Indicó que el sector aporta aproximadamente 500 millones de dólares anuales en tributos vinculados a la importación de vehículos, recursos que financian servicios públicos como educación y salud.
Añadió que un vehículo importado legalmente paga cerca del 50% de su valor en impuestos, además de cumplir estrictos controles aduaneros, requisitos técnicos, garantías de fábrica y procesos de importación que pueden extenderse entre cuatro y seis meses.
En contraste, sostuvo que los vehículos ingresados de manera ilegal no pagan tributos y, en muchos casos, provienen de actividades criminales.
«Un vehículo que nosotros vendemos en 40.000 dólares, a ellos les puede costar 5.000; lo venden en 8.000 y hacen un gran negocio. Es imposible competir contra lo ilegal y lo robado», afirmó.
“El mismo vehículo que nosotros vendemos en 40.000 dólares, a él (chuto) le sale 5.000. Lo vende en 8.000 y está haciendo un gran negocio. Entonces, no hay proporciones, porque no podemos competir contra ellos, porque esto es lo ilegal y lo robado. Imposible”, lamentó.
Salvatierra también manifestó preocupación porque anteriores procesos de regularización hayan generado incentivos para el ingreso de más vehículos indocumentados.
Recordó que Bolivia ya atravesó varias nacionalizaciones de vehículos ilegales y advirtió que una nueva amnistía consolidaría la expectativa de futuras regularizaciones.
«Si premio a esta gente, de aquí para adelante también van a esperar unos años para volver a traer lo ilegal porque pensarán que nuevamente habrá una amnistía», dijo.
Fuente: Erbol
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