El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que los 1.900 millones de dólares del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que abre a otros 4.500 millones de organismos internacionales, no se usarán para subsidiar los combustibles, sino para ejecutar obras para la población.
“Hay una conclusión en el oriente y occidente (de Bolivia) que no podemos usar los recursos que hemos conseguido (…) para el tema del subsidio (a los combustibles)”, indicó.
Paz mencionó que próximamente el Legislativo deberá tratar varias reformas legales en el campo económico, además del acuerdo con el FMI, anunciado el 29 de julio, y otros acuerdos de “protección social” por 700 millones de dólares.
El acuerdo con el FMI abre paso a un paquete de financiamiento más amplio que el Gobierno gestionó ante el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Asimismo, el jefe de Estado reiteró que los 1.900 millones de dólares del FMI son “para estabilizar el (precio del) dólar” y “tener una economía sostenible”, mientras que los 4.500 millones se emplearán en obras de infraestructura pública e ítems en salud y educación, precisó.
Paz planteó el dilema entre usar esos recursos para pagar el subsidio y que luego se “roben” el combustible para venderlo a un precio mayor en los países vecinos, o destinarlos “para las necesidades de los bolivianos y bolivianas”.
El mandatario señaló que una decisión es “liberar la importación de combustible”, de forma que cada sector productivo pueda adquirirlo sin la intermediación de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
También mencionó que es necesario que el Parlamento debata el proyecto de ley de legalización de los autos indocumentados o “chutos”, ya que esa autorización significaría “grandes ingresos para los municipios” bolivianos.
La legalización de los vehículos indocumentados fue una promesa de campaña de Paz durante las elecciones de 2025 y generó tensiones con Chile debido a las constantes denuncias sobre vehículos robados en ese país que luego son vendidos en Bolivia.
El Gobierno de Paz aprobó el pasado 17 de agosto un decreto que dispuso por ahora “un precio referencial” de 18 bolivianos (1,52 dólares, al tipo de cambio vigente) por litro de diésel.
Ese costo, que será variable, no se aplica al sector del transporte público ni a privados con consumos menores a los 5.000 litros al mes, para los que se mantiene el precio de 9,80 bolivianos (0,82 dólares).
Sin embargo, varios sectores realizaron protestas con bloqueos de vías para exigir la anulación de la norma.
El Gobierno explicó que el retiro de la subvención es uno de los “condicionamientos” que puso el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el programa de financiación anunciado con el país.
Fuente: EFE
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