La situación laboral de los repartidores de productos y servicios a domicilio ya es muy difícil por la ausencia de regulación en las empresas nacionales e internacionales que incursionan en esta actividad, pero se agrava más con las disposiciones impuestas por el Gobierno que individualizan a los trabajadores para que paguen impuestos.
Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), no existe una figura laboral clara en la actividad que realizan los deliveries. Es difícil estipular si los ejecutivos de estas empresas de plataformas digitales tienen responsabilidades laborales sobre los operadores de la logística de distribución o no, porque los distribuidores se perciben como cuentapropistas o trabajadores independientes.
El Ministerio de Trabajo, en lugar de analizar, esclarecer y poner solución a la figura laboral para hacer prevalecer los derechos de estos distribuidores, los agrupó en la categoría de “teletrabajadores”.
El Decreto Supremo 4218 y el “Protocolo de Bioseguridad para industrias de alimentos y de entrega” estipulan que el teletrabajo es aquella “modalidad de relación laboral o de prestación de servicios, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, utilizando las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación)”.
El Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la resolución normativa de directorio 1021/20, los obliga a sumarse al sistema de contribuyentes con la actividad de “servicios de intermediación en la venta de bienes y servicios a través de medios digitales”; lo que provoca que los deliveries tengan que tramitar su Número de Identificación Tributaria para emitir factura como empresas unipersonales.
Con la disminución de ingresos que representaría destinar una parte de las ganancias a pagar impuestos, la situación del sector empeora más porque las empresas, como PedidosYa, disminuyeron más las ganancias porque cambiaron la forma de monetización, ahora sólo calculan la distancia entre el comercio con el lugar de entrega.
“Se ven imposibilitados de pedir mejores condiciones laborales por la falta de normativa en el tipo de trabajo que desarrollan y la necesidad de organizarse está presente, a pesar de tener un vínculo laboral poco claro con las empresas. El desgaste físico ya no puede ser omitido, el promedio de 12 horas diarias que permanecen encima de la motocicleta, el peligro de circular en las avenidas y el riesgo a la inseguridad ciudadana provoca en ellos una incertidumbre latente sobre sus propias vidas”, señala el Cedla en su Alerta Laboral 90.
Una eventual protesta u organización de los trabajadores significaría que sean eliminados de la plataforma de forma definitiva, como ocurrió en abril de 2020 en la ciudad de Santa Cruz.
Tomado de ANF
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