Ahoradigital. El sector empresarial considera que el Decreto Supremo 5676, que eliminó la subvención del diésel para los grandes consumidores, debe ser llevado a una mesa de debate y pidió al Gobierno mantener una posición abierta para introducir modificaciones a la norma.
El planteamiento surge en medio de una creciente presión de productores, transportistas y otros sectores que cuestionan los efectos del nuevo régimen del combustible y advierten que la medida no resolvió el desabastecimiento.
El decreto establece un precio referencial de Bs 18 por litro para los grandes consumidores, mientras que para el resto de los usuarios se mantiene el precio de Bs 9,80. Esta diferencia es uno de los principales puntos de cuestionamiento de los sectores productivos.
Desde el empresariado se plantea que el debate no necesariamente debe concentrarse en abrogar la norma, sino en revisar aquellos aspectos que están generando dificultades para la producción y el transporte. Una posición similar ya había sido expresada desde Cochabamba, donde el transporte federado consideró que el decreto puede ser ajustado en algunos estamentos.
El conflicto, sin embargo, continúa creciendo. Productores y organizaciones de Santa Cruz anunciaron bloqueos para este miércoles en Yapacaní, San Julián y Cuatro Cañadas, en rechazo al Decreto 5676 y a la situación del abastecimiento de diésel.
A esto se suma la posición de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), cuyo presidente, Jean Pierre Antelo, cuestionó que actualmente existan dos precios para el mismo combustible y sostuvo que el proceso de sinceramiento debe ser encarado por el Gobierno.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, anunció que el Comité pro Santa Cruz prepara una propuesta para enfrentar el problema del combustible, que será presentada en la Asamblea de la Cruceñidad convocada para el 9 de septiembre.
El pedido empresarial coloca nuevamente al Gobierno ante una disyuntiva: mantener sin cambios una medida destinada a reducir la carga de la subvención o abrir una negociación para modificarla, en momentos en que el desabastecimiento y las protestas amenazan con profundizar el conflicto.
La discusión ya no gira únicamente alrededor del precio del diésel. El reclamo empresarial apunta ahora a que el Gobierno escuche a los sectores afectados y acepte revisar una norma que, lejos de cerrar el problema del combustible, mantiene abierta la disputa entre el Ejecutivo, los productores y el transporte.
Ahoradigital.
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