El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que los empresarios del sector productivo defienden a “delincuentes contrabandistas” o hacen política, al rechazar la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE).
“No sabemos si lo hacen intencionalmente para proteger y fomentar a la delincuencia, a las organizaciones criminales que se dedican a cometer el delito de contrabando a la inversa, sacando productos de la canasta familiar y afectando en la oferta en el mercado interno, pero principalmente afectando en el precio de los productos en el mercado nacional, o están apostando en un escenario estrictamente político”, dijo Silva en una entrevista con Bolivia Tv.
El sector productivo empresarial rechazó las invitaciones del Gobierno a un diálogo para esclarecer las dudas sobre la disposición adicional séptima del PGE y anunció un paro movilizado para el 10 de febrero en contra de la norma.
“Al parecer no tienen los argumentos suficientes, técnicos y legales, como para contrastar la posición que tenemos como Gobierno, de luchar contra aquellas actividades ilícitas que están afectando el abastecimiento de productos, pero principalmente el incremento de precios de los alimentos esenciales de la canasta familiar”, sostuvo el viceministro.
Silva explicó que la disposición séptima no alcanza al sector productivo legalmente establecido, menos al comercio minorista.
La normativa está diseñada “para combatir actividades ilícitas que cometen algunas personas que almacenan grandes cantidades de productos, no para abastecer el mercado interno, sino para sacarlo vía contrabando hacia Brasil, Argentina, Perú y que está generando actualmente un incremento de precios de producto esenciales de la canasta familiar”, dijo Silva.
Reiteró la apertura al diálogo como política de Gobierno y convocó nuevamente al sector industrial a una reunión para “desmenuzar” la disposición séptima y buscar soluciones.
Asimismo, el viceministro señaló que quienes promueven el paro de actividades son políticos que utilizan cualquier tipo de argumento como pretexto para hacer oposición.
Cuestionó que medidas radicales como un paro o un bloqueo solo encarecen los costos, como en el caso del transporte que se reflejan en el precio de los productos que, al final afecta a la población.
“Esos costos no los paga el productor, el empresario industrial ni los dirigentes políticos, los paga el consumidor, ¿quién defiende al consumidor? ¿Quién dice algo por el consumidor? Es preocupante lo que está sucediendo con estos dirigentes políticos que no piensan en el pueblo, sino simplemente están pensando en sus propios intereses y apetitos personales que son de orden político”, dijo.
ABI
Mira también
