Un reciente estudio al que La Razón tuvo acceso exclusivo revela los desafíos en registro y recaudación fiscal que tiene el país en materia de vehículos. Las motos proliferan en todo el territorio nacional.
En los últimos 20 años, el parque automotor de Bolivia ha experimentado un crecimiento explosivo, multiplicándose por 5,6 veces y alcanzando una tasa de crecimiento nacional del 457%. Este fenómeno ha puesto de manifiesto serias deficiencias en los sistemas de registro y control de vehículos, así como en la recaudación fiscal.
Según un análisis realizado por Janneth Arreaño Flores, economista y doctorante en Economía Social, el número de vehículos en circulación pasó de 443.888 en 2003 a 2.470.622 en 2023. Este incremento ha sido particularmente notable en los departamentos del Oriente boliviano.
“Pando ha multiplicado su parque automotor 315,6 veces de 2003 a 2023, Beni 10,2 y el parque automotor de Santa Cruz ha crecido siete veces para el periodo de análisis, incrementando 758.169 vehículos, que es el mayor crecimiento en términos absolutos, registrado en el país”, señala Arreaño en su estudio.
La composición del parque automotor también ha sufrido cambios significativos. Las motocicletas han emergido como el tipo de vehículo dominante, representando actualmente el 32% del total.
“En 2003 solo el 4% del parque automotor eran motos, en cambio para 2023 ese porcentaje subió a 32%”, destaca la economista.
Este auge de las motocicletas se atribuye a varios factores. Arreaño explica: “La versatilidad de las motos, los bajos costos de adquisición y mantenimiento y la facilidad de manejo han constituido en un incentivo para su crecimiento en el parque automotor”.
Además, la experta señala que las deficiencias en el transporte público han impulsado la adopción de motocicletas. “La mala calidad y baja cobertura del transporte público es otra de las razones del crecimiento del parque de motos”, afirma.
Sin embargo, el estudio revela una realidad preocupante más allá de las cifras oficiales. Existe un número considerable de vehículos que han ingresado al país sin documentación, conocidos como “autos chutos”.
“Se sabe que existen un gran número de vehículos que ingresaron al país sin documentos (autos chutos) y que sobre todo han cambiado el rostro de los municipios rurales del país, reemplazando a los animales de carga”, señala Arreaño.
Esta situación pone de manifiesto las debilidades en los sistemas de registro y control de vehículos en Bolivia. La economista cuestiona la veracidad de algunos datos oficiales, como el caso de Pando en 2003.
“Es difícil que el dato oficial de Pando para el año 2003 por ejemplo, refleje la realidad, pues solo se registran 28 vehículos, incluyendo motos, dato que no resiste una simple inspección ocular”, argumenta la profesional.
El estudio también revela problemas en la recaudación fiscal relacionada con los vehículos. Incluso en áreas urbanas, donde se esperaría un mayor control, la evasión impositiva es significativa.
“El Gobierno Municipal de La Paz, que es el más eficiente en el cobro de impuestos, históricamente le cobra a menos del 50% de los vehículos inscritos en su padrón de contribuyentes”, señala.
Arreaño atribuye esta situación a múltiples factores institucionales y políticos. “El diseño institucional es perverso en el país, pues con la maraña de instituciones públicas, leyes autonómicas, niveles de gobierno, sistemas informáticos precarios y partidos políticos diseñados para no cooperar, solo se benefician los evasores”, afirma.
La falta de cooperación entre diferentes niveles de gobierno y entidades estatales agrava el problema. La economista cita como ejemplo los intentos fallidos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para coordinar acciones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
“El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en base a la Ley Municipal 158 de diciembre de 2015, solicita a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), efectuar la prohibición de venta de combustible a nivel nacional, a los vehículos con deuda tributaria, hasta su regularización”, explica Arreaño.
Sin embargo, estos esfuerzos se ven obstaculizados por conflictos de competencias y falta de voluntad política. “Como ninguno de los municipios urbanos más grandes del país está gobernado por el MAS, no es factible ningún nivel de cooperación para reducir la evasión fiscal”, lamenta la investigadora.
Ante esta situación, Arreaño sugiere que aumentar los impuestos no es la solución para reducir el déficit fiscal. En su lugar, propone enfocarse en combatir la evasión fiscal existente.
“Algún funcionario de Gobierno proponía incrementar impuestos para bajar el déficit fiscal, pero queda mucho terreno por trabajar para reducir la evasión fiscal”, argumenta la economista.
La solución, según Arreaño, requiere una reestructuración institucional profunda. “Pasa por una ingeniería institucional donde idealmente las instancias de los diferentes niveles del Estado tengan predisposición para cooperar”, concluye.
El estudio de Arreaño pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar las deficiencias en el registro y control de vehículos en Bolivia. También resalta la importancia de mejorar la cooperación entre diferentes niveles de gobierno y entidades estatales para combatir eficazmente la evasión fiscal.
El crecimiento exponencial del parque automotor boliviano en las últimas dos décadas representa tanto un desafío como una oportunidad. Por un lado, refleja el desarrollo económico y la creciente movilidad de la población. Por otro, expone las debilidades del sistema actual de registro y recaudación.
La predominancia de las motocicletas en el parque automotor actual también merece atención especial. Si bien ofrecen una solución de movilidad accesible, plantean nuevos retos en términos de seguridad vial y regulación.
El fenómeno de los “autos chutos” o vehículos indocumentados es otro aspecto crítico que requiere una respuesta integral. Además de representar una pérdida significativa en términos de recaudación fiscal, plantea problemas de seguridad y control.
La baja tasa de recaudación de impuestos vehiculares, incluso en áreas urbanas, subraya la necesidad de mejorar los mecanismos de control y fiscalización. También pone de manifiesto la importancia de fomentar una cultura de cumplimiento fiscal entre la ciudadanía.
En última instancia, el estudio de Arreaño destaca la necesidad de una reforma institucional profunda en Bolivia. Solo a través de una mayor cooperación entre las diferentes instancias gubernamentales y una mejora en los sistemas de registro y control, será posible abordar eficazmente los desafíos planteados por el crecimiento del parque automotor.
El futuro del transporte en Bolivia dependerá en gran medida de cómo se aborden estos desafíos. Una gestión eficaz del parque automotor no solo mejorará la recaudación fiscal, sino que también contribuirá a un desarrollo urbano más sostenible y a una mayor seguridad vial para todos los bolivianos.
LA RAZON
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