A partir de la fecha entra en plena vigencia la prohibición de las clausulas y prácticas comerciales abusivas en preventa de inmuebles. Se aprobó el reglamento del decreto 4732 que crea el sistema para el registro de modelo de contrato que protege a los compradores de “abusos” e incluye otras seis prácticas “abusivas” prohibidas.
El 1 de junio fue aprobado el decreto 4732 en contra de las “cláusulas abusivas y prácticas comerciales abusivas en contratos relacionados con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades de bienes inmuebles” que abarca “lotes de terreno, viviendas, lotes de inhumación, parqueos, depósitos, tiendas y otros bienes inmuebles”.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó de la aprobación del reglamento que pone en plena vigencia las normas para proteger a los compradores de bienes inmuebles como también da la seguridad jurídica a las empresas o propietarios dedicados a la actividad inmobiliaria.
El contenido del reglamento al que accedió La Razón fue concertado con los empresarios dedicados al rubro, quienes estuvieron en el acto de presentación del reglamentó que creó el Sistema informático de certificación de registro de modelos de contratos inmobiliarios (SIRCI) para realizar “solicitudes de registro y certificación de proyectos y contratos de adhesión libres de cláusulas abusivas”.
La base de datos estará administrada por el Viceministerio de Defensa del Consumidor. Las inmobiliarias y otras que cumplan con las cláusulas recibirán “su Certificación de Registro de Modelos de Contratos de Adhesión libres de cláusulas abusivas”.
Entre los requisitos para la certificación están identificación del derecho propietario del proyecto; documento con facultades de disposición del bien inmueble y cesión de derechos, sin limitación; cláusula que permita al comprador transferir el inmueble o realizar cualquier tipo de cesión de derechos o accesorios; y cláusula de obligación de entrega inmediata del título de propiedad al comprador, una vez pagado el precio de venta acordado.
Mientras que en lo relativo a prácticas comerciales abusivas se incorporan aspectos como la exigencia de cualquier otro cobro no previsto en el contrato; incumplimiento de ofertas referidas a los espacios comunes, accesorios y otros compromisos establecidos; modificación unilateral del uso de las áreas comunes ofertadas; y venta de construcciones y otros que no cuenten con autorización del Gobierno Autónomo Municipal.
En la reglamentación se aumentó prohibiciones como exonerar de responsabilidad al proveedor por defectos o vicios que afecten el producto; permitir al proveedor la modificación, sin previo aviso, de los términos y condiciones del contrato; imposición de condiciones injustas o discriminatorias que causen desprotección al usuario y consumidor; y presentación de documentación fraudulenta, desactualizada o no correspondiente.
Silva aseguró que la certificación de condiciones “libre de abusos” de los proyectos inmobiliarios de preventa tiene un carácter gratuito y se emitirá en un plazo máximo de 24 horas.
También anunció que se trabajará con el Consejo de la Magistratura y los gobiernos municipales para resolver reclamos presentados por las organizaciones dedicas a este rubro.
“Se han identificado cuellos de botella que tienen que ver con la burocracia y la corrupción en las alcaldías. En Derechos Reales hay un compromiso de atender esas observaciones, está en pie una reunión con el Consejo de la Magistratura para tratar el tema de Derechos Reales”, anunció.
Tomado de La Razón
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