Una intervención de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en la comunidad de Jupichaque, en el departamento de Potosí, destapó actividades de explotación ilegal de antimonio en dos áreas mineras de titularidad de la Empresa Minera Cruz Arce Ltda. (CALEM).
El operativo también terminó con funcionarios de la entidad y efectivos policiales retenidos durante aproximadamente seis horas, luego de que un grupo de personas impidiera su salida mediante amenazas y bloqueos.
La comisión estatal detectó una retroexcavadora que removía y cargaba material, varios acopios de mineral de coloración gris oscura y una bocamina habilitada al pie de un farallón rocoso. También encontró herramientas e implementos utilizados en las labores extractivas.
Potosí
La inspección se realizó el viernes 30 de octubre con la participación de personal legal y técnico de la AJAM Regional Tupiza-Tarija y de la Dirección Ejecutiva Nacional, además del acompañamiento de efectivos policiales. Durante la verificación, los funcionarios establecieron que las personas que trabajaban en el lugar no contaban con autorización para desarrollar actividades de explotación minera.
El director departamental de la AJAM Tupiza, Óscar Santos, precisó que “las personas que realizaban actividades de explotación no cuentan con derecho minero alguno sobre el área, pese a que esta pertenece a un titular legalmente reconocido”.
El reporte identificó las áreas intervenidas como “Sucesivas Victoria” y “Victoria”, ambas bajo titularidad de la Empresa Minera Cruz Arce Ltda.
Amenazas y retención
La situación escaló cuando un grupo de personas llegó al sector y bloqueó la salida de la comisión. Según el reporte de la intervención, los involucrados amenazaron a funcionarios y policías, además de ejercer presiones para impedir que abandonaran el área minera.
Durante aproximadamente seis horas, los integrantes de la comisión permanecieron retenidos y enfrentaron restricciones para comunicarse y salir del lugar. También recibieron amenazas contra los vehículos institucionales.
Finalmente, los funcionarios y efectivos policiales consiguieron retirarse, aunque bajo la exigencia de no regresar al área minera.
El episodio expone dos problemas que deberá atender la autoridad minera: la explotación de antimonio sin autorización en concesiones ajenas y las acciones de intimidación contra funcionarios públicos que intentan ejercer labores de fiscalización.
Pese a las amenazas, la comisión priorizó resguardar la integridad física de sus integrantes y evitó un enfrentamiento que podía derivar en consecuencias mayores.
La Razón
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