Ahoradigital – La Procuraduría General del Estado (PGE) identificó siete observaciones en el proceso de contratación para la impermeabilización de las piscinas industriales Halitas, vinculadas al proyecto de litio en el Salar de Uyuni, y remitió los antecedentes a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para su investigación en el Ministerio Público.
El contrato fue adjudicado en 2016 a la empresa Gerimex SRL por Bs 24.156.958,08, pese a que otra empresa participante presentó una propuesta inferior en US$ 874.251. La contratación fue realizada por la entonces Corporación Minera de Bolivia (Comibol), cuya gerencia de recursos evaporíticos posteriormente pasó a YLB.
Entre las observaciones identificadas está una inconsistencia en la evaluación del Formulario A-6, relacionado con el equipo mínimo comprometido para ejecutar la obra, que finalmente no habría llegado a completarse.
La PGE también detectó que los criterios de evaluación habrían sido modificados después de la apertura de las propuestas y que se asignaron puntajes sin respaldo en los rangos previamente establecidos.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la falta de certificación presupuestaria al momento de iniciar y sustanciar el proceso de contratación. La Procuraduría además señaló una presunta adjudicación predeterminada, aspectos que, según la institución, podrían constituir indicios de posibles delitos como incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, aclaró que el posible daño económico no necesariamente se limita a los US$ 874.251 de diferencia entre las propuestas, debido a que el proyecto no estaría funcionando ni generando los resultados esperados.
El monto definitivo del eventual daño deberá establecerse mediante una pericia especializada, en el marco de la investigación que corresponde al Ministerio Público.
YLB formalizó la denuncia penal ante la Fiscalía para que se determinen las responsabilidades correspondientes. La Procuraduría también planteó medidas destinadas a garantizar una eventual recuperación de los recursos públicos, entre ellas la anotación de bienes de las personas que sean identificadas como investigadas.
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