Los cooperativistas auríferos iniciaron una protesta con marchas y bloqueo de calles en la ciudad de La Paz, exigiendo condiciones para explotar más oro, mantener sus concesiones en áreas protegidas, consolidar el pago del impuesto del 4,8%, considerado ínfimo respecto a los grandes ingresos que percibe el sector, y para desbaratar la pequeña protección conseguida por los indígenas en algunos juzgados que han dado curso a acciones populares contra la minería que contamina los ríos con mercurio.
El sector, considerado un privilegiado por las concesiones logradas por su alianza con el Gobierno, exige “seguridad jurídica para las cooperativas, lucha contra avasallamientos y minería ilegal, respeto y defensa de los derechos mineros contra las acciones populares y rechazo a la suspensión de los trámites por la AJAM y la emisión de CETCAM (Certificación de Contrato Administrativo Minero) a favor de las cooperativas”.
En este punto, los cooperativistas buscan frenar la lucha de los pueblos indígenas, que han logrado acciones populares favorables para evitar la contaminación de los ríos del norte del país. La más importante fue conseguida por la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP) en septiembre de este año, por la que se dispone la paralización de la actividad minera ilegal en al menos siete ríos del norte del país.
“Esto está en directa relación con las acciones populares, que se han presentado los pueblos indígenas del norte de La Paz, que han tenido oídos en algunos juzgados, pero ahora los cooperativistas se sienten afectados por eso, cuando en realidad son ellos los que están destruyendo los medios de vida no solo de los pueblos indígenas que viven alrededor de los ríos”, dijo aSumando Vocesel coordinador de fortalecimiento de organizaciones de UNITAS, Hernán Ávila.
Áreas protegidas
Los mineros, además, piden la “anulación de la resolución administrativa AJAM/DJU/RES/ADM/06/2023, del 24 de julio de 2023, emitida por la AJAM (áreas protegidas) y otorgar vigencia y validez a los CCUs (Certificado de Compatibilidad de Uso) emitidos constitucionalmente por el Sernap”.
En este punto, los mineros se oponen a la protección que se había establecido en una reciente resolución sobre las áreas protegidas para seguir explotando dentro de las reservas amparados en los certificados de compatibilidad de uso del Sernap. La resolución de la AJAM a la que aluden los mineros dispone «dejar sin efecto el reglamento para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas».
Y, en la misma línea, los cooperativistas exigen la “prosecución de trámites de adecuación en áreas forestales con derechos preconstituidos”, lo que quiere decir que, si ellos tenían concesiones en áreas protegidas antes de que éstas sean declaradas como tales, quieren seguir explotando en su interior.
En días pasados, el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani, reconoció que el acta firmada con los mineros que extraen oro de las áreas protegidas como el PNANMI Madidi, el PNANMI Cotapata y el ANMI Apolobamba establece que les corresponde esa facultad porque tienen derechos preconstituidos para ello.
“Quiero aclarar que (los derechos de los) cooperativistas se llaman preconstituidos porque ya tenían sus concesiones antes de la creación de las áreas protegidas (Madidi, Cotapata, Apolobamba)…quiero hacer conocer que los mineros cooperativistas que ejercen esta actividad en las APs está reconocida por la Constitución Política del Estado”, dijo Mamani, según la Agencia de Noticias Ambientales (ANA)
Impuestos
Y, el sector también exige la aprobación del proyecto de ley de “régimen tributario” para consolidar el aporte de 4,8% por sus actividades extractivas, porcentaje logrado a base de presión en octubre del año pasado, pese a que la intención del Gobierno era cobrarles al menos el 7%.
Al especto, el analista Gonzalo Chávez dijo que “hoy paran la ciudad de La Paz los nuevos ricos de Bolivia: los cooperativistas mineros del oro. Exportan $us 3.000 millones, contaminan nuestros ríos y solo pagan el 2% de impuestos. A pesar de esta situación dicen que el Estado no atiende sus demandas”.
A contraruta de los indígenas
Hernán Ávila, de UNITAS, recordó que entre el 26 y 27 de octubre se desarrolló un encuentro nacional de pueblos indígenas y originarios en Santa Cruz, donde los participantes determinaron “exigir la paralización de toda la actividad minera que está afectando a los pueblos indígenas, además exigieron al Estado que se determine el grado de contaminación en que se encuentra en los habitantes de los pueblos indígenas y la correspondiente atención de salud” especializada y gratuita.
El encuentro, según Ávila “demuestra que los pueblos indígenas vienen desarrollando desde hace varios años algunas acciones y medidas en contra de la minería, que es muy dañina, contaminante, sea legal o ilegal igual contamina el agua, el territorio, los medios de vida de los pueblos indígenas y de la población en general”.
En contraposición a esas demandas de los indígenas, los cooperativistas salen con su fuerza a paralizar La Paz este lunes y martes, con un pliego que incluye, además, financiamiento, mecanización, condonación de deudas con la Caja de Salud y aprobación de nuevos contratos mineros en la Asamblea Legislativa.
Ávila lamentó que “el Gobierno tenga compromisos con actores tan nocivos no solo para la salud del pueblo boliviano, sino para la economía porque no solo están destruyendo la naturaleza, los ríos, sino que se oponen a aportar impuestos y exigen al Gobierno que cubra costos de salud para los mineros, cuando son ellos los que están dañando y están explotando los recursos. Se están volviendo millonarios y multimillonarios y a cambio dejan pasivos ambientales y contaminación”.
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