ABI / La Paz
A solicitud de los trabajadores de las redes televisivas ATB (Asociación de Teledifusoras Bolivianas), PAT (Periodistas Asociados de Televisión), Abya Yala (canal de la Fundación Evo Morales) y el periódico La Razón; este martes la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, sostuvo una reunión con el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Nava Morales Carrasco, con el objeto de analizar la situación tributaria de esos medios de comunicación.
De acuerdo con los datos preliminares, se identificaron millonarias e impagables deudas tributarias que habrían generado los ejecutivos de esos medios que, durante el gobierno de Evo Morales, se beneficiaron de la millonaria publicidad estatal.
Desde el Ministerio de Comunicación se confirmó que sólo en un año un medio de comunicación recibía cerca de 40 millones de bolivianos provenientes de los recursos erogados por esa cartera de Estado, para efectuar el pago por la difusión de propaganda estatal.
Pese a que se recibieron esos pagos, los ejecutivos Marcelo Hurtado, Jimmy Iturry, José Luis Valencia, Amanda Dávila y Carlos Gil, evadieron el pago de millonarias deudas impositivas, salarios y aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP»s, entre otras obligaciones con los trabajadores y el Estado.
Al respecto, Lizárraga remarcó que, por el momento, la prioridad es precautelar los derechos laborales de los trabajadores de esos medios de comunicación, que fueron manejados desde sus directorios con una serie de irregularidades, que podrían derivar en una quiebra técnica.
Las indagaciones apuntan a la existencia de una red ligada a Morales, que operaba a través del manejo de estos medios de comunicación, en la que presuntamente están involucrados los ejecutivos Marcelo Hurtado, Presidente del Directorio de la Red ATB, que de acuerdo a una denuncia presentada por Cristóbal Ábrego, extrabajador de la Red PAT en complicidad con otro ejecutivo de PAT, habría creado cuatro empresas para evadir el pago de al menos 430 millones de bolivianos por impuestos, denuncia que fue hecha pública por el senador demócrata Oscar Ortíz.
José Luis Valencia, presidente ejecutivo de PAT, es hermano del exmagistrado Oswaldo Valencia, que forma parte de los tribunos que aprobaron la Resolución Constitucional que respaldó la «Repostulación Indefinida» de Morales y que fue vinculado a la organización ligada al narcotráfico de Pedro Montenegro, extraditado al Brasil.
Amanda Dávila, representante Legal de Abya Yala, es denunciada por presuntos delitos de daño económico al Estado, uso indebido de bienes del Estado y uso indebido de influencias.
Carlos Gil, propietario del periódico La Razón, fue identificado como el mayor magnate de los negocios del Estado Boliviano, adjudicándose de manera directa millonarios contratos como la construcción de Mi Teleférico, las plantas de gas natural licuado (GNL) que tuvo un costo de más de 200 millones de dólares entre otros proyectos sin licitación.
Por último, Jimmy Iturry, quien habría huido a Argentina, en las últimas horas fue denunciado por trabajadores de la red PAT por tratar de adoctrinarlos políticamente a favor de Evo Morales.
Finalmente, desde el Ministerio de Comunicación se ratificó que se analizan las medidas legales más adecuadas para precautelar los derechos de los trabajadores, en el marco de las acciones asumidas para garantizar la libertad de expresión.
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