Durante casi dos décadas, la relación entre el Estado boliviano y el empresariado privado estuvo marcada por la confrontación, la desconfianza y un discurso ideológico que, en varios momentos, llegó a catalogar al sector privado como un adversario político.
Los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), primero bajo el liderazgo de Evo Morales y luego con Luis Arce, construyeron un relato en el que el empresariado aparecía como un actor secundario, cuando no directamente como un obstáculo para el proyecto estatal.
Esta postura fue reiteradamente cuestionada por los propios empresarios, quienes reclamaron su exclusión de los espacios de decisión, pese a ser —según argumentaban— un pilar fundamental para el crecimiento económico, la generación de empleo y el dinamismo productivo. Hoy, con la llegada del gobierno de Rodrigo Paz, ese escenario parece haber cambiado de manera sustancial.
Giro
La nueva administración muestra un giro evidente en la relación Estado–empresa, reflejado en la conformación de su gabinete y en la designación de autoridades con una marcada trayectoria en el sector privado y en el ámbito empresarial. La presencia de estos perfiles no es menor y marca una ruptura simbólica con el pasado reciente.
Entre los casos más relevantes está José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, exasesor de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo y de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
A él se suma Mauricio Medinacelli, ministro de Hidrocarburos, con una extensa experiencia en organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, la CEPAL, el PNUD y otras instituciones vinculadas al desarrollo, la energía y el financiamiento global.
Fernando Romero Pinto, ministro de Planificación del Desarrollo, fue presidente de la Anapo, mientras que Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, es empresario del rubro gastronómico con inversiones en
La Paz y Santa Cruz. Integra el cuadro Óscar Mario Justiniano, ministro de Desarrollo Productivo, con una trayectoria destacada como dirigente empresarial, expresidente de la CAO, FEPSC, Fexpocruz y Confeagro, además de director del IBCE.
Ventaja
Para el economista Christian Aramayo, esta incorporación de empresarios y exlíderes empresariales al Poder Ejecutivo representa una ventaja cualitativa para el diseño de políticas públicas. Citando a Douglass North, premio Nobel de Economía, sostiene que las instituciones funcionan mejor cuando quienes elaboran las reglas comprenden los incentivos reales del mercado y los costos de transacción que enfrentan los inversionistas: trámites interminables, inseguridad jurídica, contratos frágiles y aplicación discrecional de la norma.
Aramayo recuerda que experiencias internacionales como Chile tras 1990, Perú en los años 2000 o Estonia demostraron que la incorporación de perfiles con experiencia privada puede traducirse en reglas más simples, mayor credibilidad y crecimiento sostenido. No obstante, advierte que este enfoque solo funciona si quienes ingresan al Estado cuentan con una trayectoria ética intachable y mecanismos claros de gobernanza, un concepto reforzado por la Nobel Elinor Ostrom, quien subrayaba que la cooperación se basa en confianza y conocimiento práctico.
Lectura
Desde una lectura política más estructural, el analista Franco Gamboa sostiene que el actual gobierno no solo beneficia al empresariado por razones económicas, sino como parte de una reconfiguración profunda de la matriz de poder. A su juicio, Rodrigo Paz ha subordinado su estrategia a la lógica de la economía de mercado, lo que se refleja en decisiones como el fin de la subvención a los hidrocarburos y las exenciones tributarias a sectores agroindustriales y financieros.
Gamboa plantea que, tras el agotamiento del modelo rentista del gas y el fracaso de la industrialización basada en empresas estatales deficitarias —financiadas durante años por el BCB—, el nuevo Ejecutivo apuesta por reposicionar al empresariado como motor del crecimiento.
Esta estrategia se manifiesta en el endeudamiento externo con organismos multilaterales, la canalización indirecta de crédito público hacia el sector privado y una apertura selectiva a la inversión extranjera en sectores estratégicos.
Interrogantes
Sin embargo, persisten interrogantes clave: qué proporción del endeudamiento público beneficiará efectivamente a las élites empresariales, bajo qué criterios se asignarán los recursos y si estos llegarán a un empresariado diverso o reforzarán concentraciones económicas preexistentes.
Desde el sector industrial, el presidente de la CNI de Bolivia, Gonzalo Morales, señaló que la participación de empresarios y exlíderes empresariales en el nuevo Gobierno puede ser positiva, al aportar una visión práctica y realista sobre el funcionamiento del aparato productivo y los desafíos que enfrentan las empresas en materia de costos, empleo, inversión, competitividad, regulación y financiamiento.
Esta presencia puede favorecer políticas públicas más técnicas, orientadas al crecimiento, al empleo formal y a la estabilidad económica, además de fortalecer la confianza entre el sector público y privado.
No obstante, Morales remarcó que estas participaciones deben traducirse en decisiones de Estado con visión de largo plazo, transparencia e institucionalidad, buscando equilibrio entre desarrollo económico y bienestar social.
Respecto al modelo planteado por el presidente Paz, afirmó que las medidas representan un avance inicial para atender al empresariado formal, aunque requieren ajustes para asegurar un impacto sostenible.
Nuevo enfoque
Por su parte, Jorge Vaca, presidente de la Cámara Departamental de Hotelería de Santa Cruz, respalda el nuevo enfoque y recuerda que Bolivia atravesó durante 20 años un modelo que —afirma—debilitó la inversión privada y la seguridad jurídica. En su criterio, el nuevo gobierno entiende que el crecimiento, el empleo digno y la generación de riqueza solo son posibles mediante un trabajo conjunto entre el Estado y el sector productivo.
En ese contexto, el país parece transitar no tanto hacia un cambio de modelo, sino hacia una redefinición del rol del Estado: menos empresario directo y más articulador y garante financiero del capital privado, bajo el discurso de eficiencia, competitividad y mercado. El verdadero impacto de este giro, no obstante, dependerá de si los beneficios alcanzan a la economía en su conjunto o se concentran en unos pocos actores.
La Razón
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