Los productores mantienen su estado de emergencia por la intención de abrogar la Ley 1720, de conversión de tierras, y en ese sentido urgen al Gobierno reglas claras y certidumbre para trabar por el desarrollo del país.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, confirmó que en la Asamblea de Productores programada para 14 de mayo en Montero, en Santa Cruz, el sector puede asumir medidas de presión.
“Ya toda todos los subsectores de la CAO, de todos los sectores de Santa Cruz, ya han pasado por encima de sus dirigentes y han llamado a un encuentro de emergencia de productores en la ciudad de Montero, día 14 de mayo”, señaló.
“De ahí empezarán a salir las medidas de presión, porque necesitamos certidumbre, necesitamos reglas como esta ley, que nos permitan creer y seguir creyendo para seguir trabajando en el país”, añadió.
En ese marco, Frerking anunció la defensa de la norma que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) autoriza la conversión de pequeña a mediana propiedad, que en su juicio ayudará a los productores de menor escala a mejorar su producción y al país a salir de la crisis.
“Estamos realmente muy preocupados, porque esta es una ley que va a ayudar a que el país salga de esta crisis económica”, señaló.
En su criterio, “esos 90% de productores tienen que tener la libertad de trabajar, de decidir su futuro, hacia dónde quieren ir”.
“La vamos a defender, seguramente de ese encuentro van a salir medidas de presión para que de esa forma sigamos y podamos seguir trabajando por el país y por todos los bolivianos”, sostuvo.
La alarma del sector se activó luego de que el Gobierno confirmara que en el diálogo que sostuvo el presidente Rodrigo Paz con representantes del sector campesino se suscribió un acta en el que se incluye la gestión ante el Legislativo de la abrogación de la norma.
La tarde del miércoles, el vocero confirmó ese compromiso, pero dijo que esta acción debe ir acompañada de otro proyecto de ley que recoja las “dos visiones” sobre este asunto.
Sectores campesinos e indígenas cuestionan la norma porque supuestamente pone en riesgo las propiedades comunitarias, una versión que en su momento fue rechazada por el Gobierno.
“El Gobierno fue electo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, para poner orden en el país, poner reglas claras en el país, para que todo el aparato económico y todos los ciudadanos podamos seguir trabajando, trabajando con condiciones”, sostuvo.
En ese marco, el directivo de la CAO deslizó que detrás del plan de abrogación hay intereses políticos.
“Ellos fueron llamados para poner orden en el país, y ahora, por organismos internacionales, por financiadores de aquí de Bolivia, que estén aprovechando la desinformación en la gente para decir que les afecta a las tierras como las TCO o las comunitarias, creo que no es correcto”, indicó.
“El Gobierno tiene que seguir investigando qué hay por atrás de todo este financiamiento internacional, ya son temas políticos. Nosotros lo que hemos hecho es hacer propuestas”, sostuvo.
Frerking señaló que la mejor respuesta para el pequeño productor es la Ley 1720 “que le va a permitir aumentar su productividad con tecnología, le va a permitir aumentar su crecimiento, porque va a querer producir más en la misma área”, cuando acceda a créditos luego de la conversión voluntaria de su propiedad.
Fuente: Unitel
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