La Gobernación del Beni se declaró en virtual bancarrota debido a que la gestión de Alex Ferrier (MAS) ha sobregirado la capacidad de endeudamiento al comprometer un aporte local de 1.650 millones de bolivianos para la ejecución de seis proyectos viales que dejaron por los suelos las finanzas del gobierno departamental.
El gobernador Alejandro Unzueta dijo que si la situación económica continúa de esa manera, tendría que cerrarse la gobernación por seis años y dejar que el gobierno central debite automáticamente todo su techo presupuestario de 322 millones de bolivianos que alcanza a cubrir ítems de ineludibles, subgobernaciones, sueldos para la salud, educación y gastos administrativos.
Un detalle de los “contratos Ferrier” indica que para la construcción del Puente Beni II y accesos, la gobernación debe aportar el 15% equivalente a 28.3 millones de bolivianos; para el tramo Yucumo-San Borja, el 30% equivalente a 184 millones de bolivianos; para la carretera San Borja-San Ignacio de Moxos, el 30% equivalente a 506 millones de bolivianos.
La construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta exige que la gobernación ponga una contraparte 19,6% equivalente a 795 millones de bolivianos; la carretera San Ignacio de Moxos-Puerto Ganadero, contraparte 10%, 62 millones de bolivianos y finalmente la construcción del tramo Riberalta-Guayaramerín pide una contraparte del 10,53% equivalente a 24 millones de bolivianos.
Para la deuda de 1.650 millones de bolivianos, la Gobernación ha cubierto hasta el 31 de diciembre de 2021, 443 millones de bolivianos provenientes de fideicomisos otorgados por el gobierno central y que de hecho constituyen una deuda flotante. Resta pagar 1.207 millones de bolivianos que no tienen fuente de financiamiento.
Unzueta explicó que esos contratos vulneran la Ley 2042 que prohíbe a las Entidades Autónomos Territoriales (ETAs) endeudarse más allá del 20% del POA, pero los contratos firmados por Alex Ferrier superan el 600%, haciendo imposible cumplir otras obligaciones contractuales.
“Este endeudamiento es catastrófico. Nosotros no comemos asfalto, cascote y ripio. La gobernación administra pobreza y hemos quedado con las manos atadas y no vamos a poder cumplir más”, afirmó el gobernador a tiempo de lamentar que la gestión anterior haya firmado contratos ofreciendo contraparte sin tener la sostenibilidad financiera, el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional ni la Asamblea Legislativa Departamental.
Explicó que desde el año pasado ha enviado cartas solicitando atención del presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, a los ministros de Planificación del Desarrollo, Economía y asambleístas nacionales y ninguna autoridad le dio respuesta.
La autoridad apela a la unidad de todo el pueblo beniano para exigir al Ejecutivo y Legislativo canalicen un proyecto de ley destinado a que el gobierno central se subrogue gran parte de los 1.650 millones de bolivianos para no paralizar estos proyectos que corresponden a la red vial fundamental y dejar que la -gobernación atienda las necesidades del día a día de sus habitantes.
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