Tres medidas económicas anunciadas el lunes 6 de abril permanecen sin aplicación efectiva debido a la falta de reglamentación y de publicación oficial: el incremento del límite para pagos con tarjeta en el exterior, la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y la restitución del crédito fiscal para combustibles.
Hace dos días el Gobierno anunció que el tope para compras con tarjeta de débito subiría de $us 100 a $us 500 y que las tarjetas de crédito operarían sin restricciones según la capacidad de pago, y aunque los usuarios esperaban su aplicación desde este martes, nada cambió y las restricciones continúan.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) dejó claro que no pueden pronunciarse al respecto debido a que “aún no se ha emitido la normativa de aplicación que es lo más importante para las entidades bancarias”.
Desde el Legislativo Plurinacional, el diputado de Libre José Luis Porcel cuestionó la falta de coordinación entre el Ministerio de Economía con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y con la ASOBAN, para aplicar la medida. “Si no hay hasta ahora, entonces parece que es un discurso poco serio del Gobierno”, afirmó, y advirtió que los bancos necesitan respaldo en dólares para operar en el exterior.
En la misma línea, la diputada Patricia Patiño del PDC cuestionó la falta de resultados concretos. “No puede mandarse un decreto supremo y que no esté todavía planificado o resuelto en las instituciones para que pueda aplicarse”, señaló. En su opinión, situaciones como esta afectan la credibilidad de las autoridades.
Desde otra mirada, la diputada del PDC Katherine Pinto consideró que la medida de aumentar a $us 500 las operaciones con tarjetas es una señal positiva y por el contrario considera que son las entidades bancarias que se niegan cumplir con lo dispuesto.
“No van a aplicar, porque no hay la voluntad de ellos. La normativa ya está, muchas veces ellos se manejaron con decretos supremos, tendrían que sincerarse y no solamente acatar lo que les conviene, y aceptar todas las medidas dadas por el Gobierno”, señaló.
Las leyes de eliminación del ITF y de restitución del crédito fiscal para combustibles fueron sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 31 de marzo, y se informó que ambas normas serían enviadas al Ejecutivo para la finalización del procedimiento legislativo, cuya fase final es la promulgación por parte del presidente y la posterior publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.
“La ley del ITF y la del IVA para el combustible han sido ya aprobadas, lo que falta es la promulgación, desde el lunes se hubiera hecho y publicado. Esa negligencia, no sé a qué puede deber, es una cosa burocrática, probablemente que debe tener el ITF”, declaró Porcel al respecto.
Desde el Senado también se cuestionaron los retrasos, la senadora Ana María Crispín afirmó que no hay claridad sobre las razones por las cuales se dilata la promulgación de estas normas. “Desconozco cuáles son las razones exactamente, porque ya debería haberse generado (su promulgación). Algunos procesos van volando y otros se dilatan”, expresó.
El Deber
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