La diputada opositora María René Álvarez (Creemos) reiteró, por cuarta ocasión y por escrito, el pedido para que CAF- Banco de Desarrollo de América Latina se pronuncie respecto al conflicto latente por el tramo carretero Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista, tomando en cuenta que es el organismo financiador de este proyecto vial.
Álvarez llegó este viernes 7 de septiembre hasta las oficinas de la CAF en la ciudad de La Paz, para entregar esta nueva nota y demandó una respuesta, tomando en cuenta que ya remitió tres cartas con fechas 7 de junio, 17 de agosto y 5 de septiembre, que hasta ahora no tienen respuesta del representante en Bolivia de ese ente financiador internacional, Florentino Fernández.
“Como es de conocimiento público, el diseño de esta carretera, financiada por la CAF con $us 112 millones, mediante Ley 1042 aprobada el 7 de abril de 2018, atenta contra los reservorios de agua que sirven para abastecer del líquido elemento al área metropolitana cruceña y esto ha provocado conflictos sociales, bloqueo de caminos y denuncias de tráfico de tierras, con proyectos inmobiliarios que confirman la intención de llevar asentamientos en esta área de características medioambientales”, reza parte de la misiva.
El cuarto pedido elevado por la diputada se da cuando el Ministerio de Planificación convocó a la Gobernación cruceña a sostener un diálogo técnico para este viernes en La Paz, para revisar y evaluar la viabilidad de este proyecto, según el titular de dicha cartera estatal, Sergio Cusicanqui.
“Existe la posibilidad de que la revisión técnica tenga la sugerencia de que hay que cambiar o modificar el trazo de una u otra manera, también existe la posibilidad de que la revisión técnica se establezca que el trazo actual es el mejor para este tramo carretero”, apuntó el ministro.
Actualmente, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) defiende el trazo fijado para este proyecto carretero, pero la Gobernación de Santa Cruz advierte que el tramo II y el tramo III comprometen la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá – Urubó (donde están los acuíferos) y el Parque Nacional Amboró, respectivamente.
“Entre los postulados de la CAF está la defensa del medio ambiente y, como banco verde, apelamos nuevamente a que se pueda aportar para la solución a este conflicto generado por la falta de planificación y transparencia del nivel central del Estado que confirma el total desconocimiento de la realidad del departamento de Santa Cruz, su territorio y sus recursos ambientales e hídricos”, apuntó Álvarez en la nota.
Finalmente, la legisladora cruceña deploró las amenazas vertidas por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien dio “diez días de plazo” para que la Gobernación de Santa Cruz apruebe los tramos cuestionados y con ello se ejecute la contraparte de la construcción; caso contrario, advirtió el funcionario, la gente (afín al MAS) iniciaría medidas de presión.
Sobre Montaño, la Gobernación reveló que este miembro del gabinete ministerial compartió información confidencial, relacionada a la CAF y al proyecto de la carretera La Guardia – Buena Vista, en 2017, cuando fungía como diputado del MAS. Sin embargo, el ministro alegó que esta información es falsa.
Junto a la carta, Álvarez adjuntó el pronunciamiento de la sociedad civil , que este 4 de septiembre conformó la denominada ‘Red social para la defensa del agua y la vida’, con la participación de ingenieros ambientales, colegios de biólogos, activistas por la naturaleza, líderes indígenas y autoridades que demandan precautelar los recursos hídricos de Santa Cruz.
UNITEL
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