Ahoradigital – El exministro de Economía José Gabriel Espinoza defendió las medidas económicas aplicadas por el Gobierno de Rodrigo Paz y afirmó que la contracción que atraviesa Bolivia debe entenderse como el costo del proceso de ordenamiento de las cuentas públicas.
Espinoza se refirió a las proyecciones que anticipan una nueva caída de la economía boliviana. El Banco Mundial prevé una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,8% durante 2026.
Frente a este escenario, el exministro sostuvo que la reducción de la actividad económica era previsible debido al recorte del gasto público y al retiro de recursos destinados a sectores que, según su análisis, generaban un crecimiento que no era sostenible.
“No es deterioro, es el costo del ordenamiento”, afirmó Espinoza al explicar la situación económica.
El exministro señaló que el ajuste implica reducir gastos considerados ineficientes, entre ellos el financiamiento de empresas públicas deficitarias y determinadas obras públicas. A su criterio, ese gasto contribuía a elevar las cifras de crecimiento, pero no necesariamente generaba beneficios sostenibles para la población.
Espinoza también destacó como parte del proceso el cambio del régimen cambiario y la decisión del Gobierno de dejar de recurrir al Banco Central de Bolivia para financiar el déficit fiscal.
Según su explicación, estas medidas provocan una reducción del circulante y tienen un impacto inmediato sobre la actividad económica, pero permitirían avanzar hacia una mayor estabilidad macroeconómica.
“Ese es el costo que se está pagando este año, el decrecimiento”, sostuvo, aunque consideró que los efectos positivos podrían comenzar a observarse en los próximos dos o tres años mediante una mayor participación del sector privado.
Respecto al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, Espinoza también respaldó la eliminación progresiva de la subvención a los combustibles y sostuvo que los recursos que antes se destinaban a esa política podrían ser redirigidos hacia áreas como salud, educación y protección social.
El exministro argumentó que la subvención generaba distorsiones económicas y favorecía actividades como el contrabando, por lo que consideró que su eliminación permitirá modificar la distribución de los recursos públicos.
Las declaraciones de Espinoza se producen mientras distintos sectores económicos advierten que la falta de combustibles, la incertidumbre política y la caída de la actividad productiva están dificultando la recuperación de la economía.
Mientras el Gobierno defiende el ajuste como parte de un proceso de estabilización, sectores productivos reclaman medidas que permitan recuperar rápidamente la producción, las exportaciones y el empleo.
El debate queda así planteado entre quienes consideran que la contracción es un costo temporal del reordenamiento económico y quienes advierten que, sin medidas rápidas de reactivación, el ajuste puede profundizar las dificultades que enfrentan empresas y familias.
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