El departamento de Oruro conmemora hoy 240 años de su grito libertario, y sus hombres y mujeres dedicados a la industria y la empresa piensan en cómo salir de la crisis en la que los sumergió la pandemia del coronavirus. Tienen una propuesta, buscan la reactivación de la región mirando al mercado de valores con un fondo financiado por el Estado, pensando en llevar sus inversiones a los sectores estratégicos de la economía, en los que el Estado tiene prioridad, y proponen una flexibilización laboral para elevar la productividad.
“La pandemia golpeó a todos, desde el más sencillo comerciante hasta el industrial más grande, porque la economía se mueve con base en el circulante, que se ha visto frenado”, afirma Andrés Peñarrieta, vicepresidente de la Cámara de Industriales Huajara Oruro (CIHO). La entidad agrupa a las industrias metalúrgicas del departamento, cuya actividad se vio fuertemente afectada por la pandemia del coronavirus.
Es una cadena. El mercado internacional de los minerales se vio paralizado, los precios de esos commodities bajaron; en Oruro los industriales metalúrgicos no recibieron pedidos, no compraron materia prima, tampoco insumos, no procesaron su producción y, finalmente, no movieron carga, y los pagos que debían recibir o hacer en muchos casos quedaron paralizados.
Aunque el mundo ha intentado normalizarse, pese a que la pandemia continúa provocando efectos desastrosos, los industriales metalúrgicos orureños no logran sobreponerse porque todavía no pueden lograr contratos superiores a los seis meses. “Es la volatilidad de la pandemia”, señala Peñarrieta.
A esto se suma el incremento en el precio del transporte de la carga de los pedidos que puedan lograr (80% de China) y los otros gastos que representan una exportación.
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“La afluencia de buques que salen de América rumbo a China, que es el comprador de más del 80% de los minerales que se procesan en Bolivia, ha bajado. Los buques ya no salen día por medio, como antes; ahora lo hacen una vez por semana, lo que encareció los fletes y las penalidades por incumplimiento de entregas, algo que en las actuales circunstancias en Bolivia, con bloqueos y protestas, es una probabilidad constante. A esto se suman los costos de estadía de la carga y las penalidades, que se cuadriplicaron”, explica el empresario.
En todo este contexto, el transporte y la logística de exportación en Oruro fueron los sectores más afectados, lo que, en cadena, afectó al dueño del hotel o del negocio de comida que puede estar en cualquier calle de Oruro.
“Antes de la pandemia nosotros traíamos profesionales para que analicen nuestros procesos, tramiten nuestras autorizaciones; con la pandemia ya no se pudo traer a esa gente y ahí cayó el turismo, la hotelerìa, hasta la actividad de los restaurantes”, sostiene.
En esas condiciones se encuentran las actividades industrial, empresarial, comercial y de servicios en el departamento, que hoy conmemora 240 años de su grito libertario.
El gerente general de la Cámara de Industrias del departamento, Juan José Peñaranda, maneja unos datos: el PIB de su sector, que en los últimos 10 años marcaba el 4,5%, en el año de la peste (2020) cayó al -9%. El resultado es producto de una paralización del 80% en las empresas industriales por más de 60 días, tiempo que duró la cuarentena rígida.
“Oruro comenzó la cuarentena rígida una semana antes que todo el país”, recuerda Peñaranda.
En ese contexto, en 2020, la utilización de la capacidad instalada del sector, 85% promedio anual, cayó hasta a un 30%, lo que dejó una pérdida de alrededor del 100 millones de dólares. A esto se suma una caída del 30% en el empleo que genera el sector.
“Normalmente, el sector industrial manufacturero, de manera directa e indirecta, emplea cerca de 170 mil personas; esa afectacion del 30% hizo temblar la economía sectorial. Con las pérdidas que sobrepasaron los 100 millones de dólares, estamos en crisis”, sostiene.
El sector del comercio también está pagando una alta factura por causa de la pandemia. El presidente de la Cámara de Comercio, Hernán Peláez, informa que en medio de la emergencia sanitaria al menos el 25% de las empresas afiliadas a la Cámara cerraron sus puertas. Califica la situación de “muy delicada”.
Su sector aún no estableció las pérdidas que les dejó el virus. “Estamos esperando que las entidades matrices puedan emitir un informe final. Nuestros socios están por emitir sus balances”, indica.
Propuesta
En la situación en que la pandemia dejó a la economía orureña, el Estado tiene que tener una mayor participación, a través de leyes y la generación de un fondo de recuperación y reinversión, dice Peñaranda.
Con ese norte, su sector elaboró una propuesta de la que Peñaranda destaca tres puntos: el primero consiste en la creación de un fondo de inversión por parte del Estado, al que los empresarios podrían llegar a través del mercado de valores; el segundo plantea la modificación de la ley de inversiones, para que el sector privado pueda llegar con sus recursos a los sectores estratégicos, en los que hoy el Estado tiene prioridad. El tercer punto de la propuesta privada orureña contempla la flexibilización de las normas laborales.
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Fondo y valores
La propuesta consiste en que la industria pueda, a través de la emisión de acciones y bonos, adquirir créditos a bajo costo, a mediano y largo plazo, para invertir en maquinaria y tecnología, y así recuperar su capacidad productiva. “El Estado bolivano debería crear un fondo de alrededor de 3.000 millones de dólares, para que las empresas vayan colocando sus bonos y acciones a través de la Bolsa Boliviana de Valores, para captar esos fondos exclusivamente para la recuperación económica de las empresas, para la reinversíón. Esto hará que la mano de obra crezca y se especialice, a fin de lograr una mayor producción, mejor productividad y competitividad”, explica José Peñaranda.
“Son fondos de inversión a largo plazo que pueden llegar hasta el 40% del capital social de las empresas. Si bien el mercado de valores en Bolivia es pequeño, tiene la suficiente capacidad para operar con este tipo de fondos”, añade el industrial.
Sectores estratégicos
Los empresarios orureños proponen que desde el Estado la ley de inversiones sea modificada para que no continúen las restricciones que ahora pesan sobre la empresa privada, las que la llevan a la contracción y le quitan agilidad. Plantean específicamente que los privados puedan incursionar en los sectores estratégicos de la economía, en la que el Estado tiene casi exclusividad.
“Necesitamos una ley con mayores facilidades para la llegada de inversiones. (La ley actual) es muy burocrática y restrictiva, no permite hacer inversiones en lo que el Estado llama sectores estratégicos; si lo permite, establece muchas limitantes para que el Estado tenga mayor participación; debe darse la oportunidad a la empresa privada, ésa es una de las formas de salir de la crisis que arrastramos”, sostiene el gerente general de la Cámara de Industrias de Oruro.
Flexibilidad laboral
Otro factor que los empresarios de Oruro plantean es que para subirse al carril de la reactivación económica es importante la flexibilidad laboral, lo que pasa por una modificación de las normas laborales que rigen en el país. “Las leyes son muy rígidas en lo que se refiere a contrataciones y subcontrataciones de servicios y subservicios y no permiten, por ejemplo, la terciarización del trabajo, el teletrabajo, el trabajo por horas o la media jornada laboral, que permite alcanzar mayor eficiencia y mayor productividad”, señala Peñaranda.
Al referirse al tema de la productividad, remarca que en ese factor Bolivia ocupa los últimos lugares en la región.
“Si bien Oruro ocupa en el país el cuarto lugar en productividad, hay algunos tramos, dentro de su sector económico, cuya productividad es muy baja; por ejemplo, en la minera, donde la productividad está por debajo de un nivel 10, cuando en otros países la productividad en ese sector está por encima de 15. Eso ralentiza la recuperación de la economía regional”, dice.
Explica que la baja productividad en la minería boliviana se debe fundamentalmente a la falta de tecnología y la obsolescencia de gran parte de la maquinaria con la que cuenta el sector. Añade que otro factor que incide en esa baja productividad es la excesiva cantidad de personal administrativo que tiene sobre todo la empresa minera pública.
“Algunas empresas operan con maquinaria que data de 1950 cuando la tecnología minera evolucionó a pasos agigantados. A esto se suma que algunas empresas mineras, sobre todo la estatal, tienen gran cantidad de personal fuera de mina, cuando se debe tener mayor cantidad de trabajadores mineros y especializados”, indica.
Oruro conmemora hoy un año más de su grito libertario en medio de la pandemia y sus hombres y mujeres están pensado en cómo levantar a la región. El Gobierno tiene la palabra.
Constructoras impagas; el Estado les debe 130 MM de bolivianos
Las empresas constructoras del departamento de Oruro esperan hace casi dos años poder cobrar una deuda de al menos 130 millones de bolivianos . Su deudor es el Estado boliviano.
Germán Rioja, paspresidente de la Cámara Departamental de la Construcción de Oruro, señala que el sector “es el más golpeado”, pero no sólo por la pandemia sino por la falta de pagos del Estado.
En 2019, el gobierno del MAS firmó muchos contratos con empresas constructoras, seguro de que ganaría las elecciones, pero como no fue así, desde 2019 muchas compañías están impagas.
“Salió el MAS, ingresó el gobierno de transición, y no se canceló hasta el día de hoy a las empresas constructoras, no sólo de Oruro, sino de Bolivia. En el caso de la región, podemos hablar de deudas de los municipios y de la Gobernación que llegan a los 70 millones de bolivianos; mientras que las de las diferentes instancias del Estado llegan a los 130 millones de bolivianos”.
Rioja precisa dos obras que están impagas: la piscina olímpica y el campo ferial.
“Algunas de las empresas constructoras legalmente establecidas tuvieron que cerrar, mientras que muchas tuvieron problemas para pagar a sus empleados”, comenta.
Añade que de no haber sido por la colaboración de las entidades financieras, muchas empresas no hubiesen podido cumplir con sus obligaciones con sus trabajadores.
“Muchas empresas redujeron su personal de ejecución de obra, técnico y administrativo”, dice.
Señala que para reactivar al sector, además del pago de deudas, el Gobierno debe proponer un plan de emergencia con proyectos orientados a la implementación de servicios básicos.
Pagina Siete
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