El analista en minería de Fundación Jubileo, Héctor Córdova, expresó sus dudas sobre los contratos de litio con empresas de China y Rusia porque sería contraproducente para el Estado boliviano. El experto pide al Gobierno responder a las incongruencias con fines de lograr que el proyecto sea de beneficio para el país.
Córdova, en entrevista con Urgente.bo, señala que uno de los principales puntos de cuestionamiento en los contratos firmados con empresas extranjeras es la falta de inversión directa.
“Todo es un crédito al Estado boliviano que debe pagarlo, obviamente, a cuotas, pero también debe contratar a las empresas que construyen las plantas para que las operen durante mucho tiempo. Y no hay una verdadera transferencia de tecnología, sino al final del proceso, 40 años después, recién hay una transferencia de tecnología. Cuando ya quizás la tecnología ha sido superada por otras y demás, entonces es como si no hubiera este aspecto”, agrega el experto.
A esto se suma precio del carbonato de litio, que ha caído a 10 mil dólares por tonelada, la mitad de las estimaciones utilizadas en los contratos.
Otro punto crítico es el marco normativo que, según Córdova, “no es adecuado en toda su estructura, porque si es que vamos a exportar carbonato de litio, es un producto mineral más, entonces el proyecto debería se parte de sector de la minería. Si es que hubiera alguna relación con energía, es decir, una industrialización para obtener baterías de litio, esto pasaría a otro sector de industrialización, no precisamente en hidrocarburos”.
Además, los acuerdos con empresas privadas extranjeras solo están permitidas para la industrialización, pero si el país decide quedarse en la exportación de materia prima, la legislación debería adaptarse. Asimismo, no está definida la estructura de las regalías ni los impuestos adicionales en caso de cotizaciones altas.
Por otro lado, el contrato establece que la empresa extranjera puede utilizar salmueras frescas en lugar de residuos si Bolivia no cumple con los cupos de entrega, esto podría representar una penalización para YLB, lo que obliga a acelerar la construcción de piscinas para garantizar el suministro de materia prima.
A esto se suma los efectos medioambientales como la cantidad de consumo de agua y la gestión de desechos, de los cuáles aún no se tiene una respuesta.
¿Operador o socio?
Córdova apunta a una de las estipulaciones dentro del contrato con la empresa China que genera dudas. El acuerdo señala que se le reembolsa la inversión, los costos operativos y se le paga un adicional de 1.700 dólares por tonelada producida.
Empero, también recibe una parte de las utilidades, lo que resulta extraño considerando que solo es un operador contratado y no un socio del proyecto. Esto implica que los riesgos recaen principalmente sobre Bolivia, mientras que la empresa extranjera obtiene garantías financieras “casi nulos”.
“Eso parece muy raro, si no es socio de la empresa boliviana, es solamente un operador que ha sido contratado para prestar un servicio. Y entonces cuando Bolivia devuelve toda la inversión, devuelve todo el costo operativo, paga por el costo operativo y paga, además, por el uso de la tecnología. Los riesgos para la empresa extranjera son prácticamente nulos”, añade.
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