Con el gerente general de la Empresa Minera Paititi (Emipa), Joaquín Zenteno, a punto de ir a Palmasola por un fallo judicial que obliga a restituir a 66 trabajadores, la casa matriz de la firma advierte que se pone en riesgo una inversión de 70 millones de dólares.
La empresa, subsidiaria de la minera canadiense Orvana, trabajó desde 2002 en Bolivia a nivel subterráneo y cielo abierto la mina Don Mario, y los yacimientos Cerro Félix y Las Tojas, pero el ciclo finalizó en 2019.
El Chief Executive Officer de Orvana, Juan Gavidia, en una entrevista con Página Siete, señaló que a fines de 2019 se acabó la estructura a cielo abierto de Las Tojas y ya no quedaba nada más por hacer y se tuvo que parar las operaciones, pero no se quiso fallar en el pago de beneficios sociales a los trabajadores.
“Desde fines de 2019 hasta febrero de 2020 hemos estado buscando financiamiento para el pago de finiquitos, se consiguió el apoyo de un banco y cumplimos. Emipa tenía 220 trabajadores, de ellos todos aceptaron el pago de finiquitos, menos 66. Fuimos a los juzgados porque acá hay un caso de fuerza mayor y se puso el dinero en una cuenta judicial a disposición de los trabajadores”, precisó.
Los 66 trabajadores presentaron una demanda ante el Ministerio de Trabajo, instancia que ordenó su reincorporación.
Emipa apeló la decisión ante la jefatura departamental y el Ministerio de Trabajo, y un amparo salió a su favor para que los trabajadores dejen las instalaciones. Sin embargo, éstos presentaron de forma separada cuatro amparos para que se dé cumplimiento a la medida de reincorporación y la justicia les dio la razón. “Si no hay reintegro como manda el amparo, ellos dicen que hay reponsabilidad penal y levantaron cuatro procesos criminales al gerente general Joaquín Zenteno”, recalcó.
Emipa informó el 1 de mayo que la jueza Katherine Carballo Jiménez, de Sentencia Penal 9 de Santa Cruz, determinó el encarcelamiento de Zenteno en Palmasola por cuatro años por incumplir una conminatoria de reincorporación laboral.
Gavidia sostuvo que Emipa presentó luego otro amparo contra los “considerandos” y conclusiones de la resolución final del Ministerio de Trabajo que ordena la reincorporación y se cuenta con resultado favorable a la empresa.
De esta manera la resolución a favor de la compañía tendría prevalencia sobre los 4 amparos porque analiza el tema de fondo.
“Este tema manda un mensaje terrible hacia el sistema jurídico e institucional para la inversión en minería. La seguridad jurídica ha estado ahí por 20 años. Sobre la estabilidad jurídica no tenemos problemas, ni a nivel institucional en general, pero este incidente está poniendo en duda la fortaleza institucional en Bolivia por la presión social”, lamentó Gavidia.
Recordó que Orvana cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y la noticia de la sentencia contra su gerente en Bolivia fue como la “gota que rebalsó el vaso” y es “fatal” para la opinión de los inversores en la compañía.
Aseguró que la empresa desea continuar en Bolivia porque la mina es de su propiedad y aún tiene potencial con el nuevo proyecto de óxidos. “A fines de 2019 aún no estaba claro, nos tomó dos años y tres meses para definir la inversión; pensamos que inicialmente eran 20, 35, 40, 52 y ahora se definieron 70 millones de dólares porque no es un proyecto fácil, pero es lo que deseamos invertir”, resaltó.
La perspectiva es procesar cátodos de cobre 99,9%, barras dorés de oro y plata 99,9% y concentrados plata.
Para esto se va a requerir 180 trabajadores con perfil técnico en química y metalurgia, de los cuales la mitad serán mujeres.
De acuerdo con Gavidia, la inversión y construcción de la planta de tratamiento debería comenzar en diciembre de este año y generar producción en dos años. “Todo esto está pendiente, no hay forma de que la inversión se apruebe si este tema (judicial-laboral) no se resuelve; todo el mundo entendió el problema excepto 66 personas”, remarcó.
Orvana espera que este tema pueda resolverse a corto plazo porque se está por finalizar la ingeniería del proyecto de óxidos y llegará el momento de invertir, comprar los materiales y construir. “Pero va a ser difícil hacer esto si estamos con este problema”, advirtió Gavidia.
Antes de este proyecto, en los 20 años de presencia en el país Orvana invirtió más de 200 millones de dólares y contribuyó con el pago de regalías, impuestos y empleos directos e indirectos en San José de Chiquitos.
Indicó que la Empresa Minera Paititi (Emipa), con un anuncio pegado en el comedor del campamento, comunicó entonces a los trabajadores que pasen a recoger su liquidación con su extracto de las Administradoras de Fondos de Pensiones en la mano.
“Fuimos despedidos 130 trabajadores afiliados a la organización sindical… Es un campamento minero que está a 500 km de la ciudad, ¡cómo íbamos a presentar el extracto de las AFP!”, dijo Zeballos, ayudante perforista de Don Mario, mina ubicada en la provincia Chiquitos.
La justicia emitió sentencias constitucionales para que cinco empresas de Santa Cruz reincorporen a trabajadores despedidos durante la pandemia de Covid-19.
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Las empresas dicen que el impacto y efectos de la cuarentena por el coronavirus fueron grandes que se cerraron puestos de trabajo y en algunos casos dejaron de producir. Uno de sus gremios argumenta que a nivel nacional “en el sector industrial, en 2020 cerraron 409 empresas y en 2021 cerraron 462 empresas”.
El Ministerio de Trabajo elaboró un anteproyecto de ley de Procedimiento Especial de Restitución de Derechos Laborales Fundamentales que obliga a las empresas a restituir su empleo a los trabajadores despedidos sin justificación legal en tiempo récord y con fallo inapelable de esa cartera de Estado.
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