Ahoradigital – Los alcaldes de las nueve capitales de departamento y de El Alto endurecieron su posición frente al Gobierno nacional y exigieron la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además de una redistribución de ingresos bajo el esquema 50/50, para evitar la paralización de obras y garantizar el funcionamiento de los servicios municipales.
La demanda fue acordada durante una reunión de autoridades municipales, que definieron una hoja de ruta para negociar con el Ejecutivo y reclamaron medidas urgentes frente al deterioro de las finanzas de los gobiernos locales.
Uno de los principales pedidos es la restitución del 12% de los recursos del IDH que, desde 2017, se retienen para financiar proyectos de exploración petrolera. Los alcaldes también solicitaron suspender nuevas retenciones para 2027.
Obras paralizadas y contratos en riesgo
La preocupación de los municipios se concentra en el incremento de los costos de construcción y operación después del retiro de la subvención a los combustibles.
La alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, advirtió que existen obras paralizadas, contratos al borde de la rescisión y empresas constructoras que se niegan a continuar los trabajos porque los precios acordados inicialmente ya no cubren sus costos.
Por ello, las autoridades dieron plazo hasta el viernes 13 de noviembre al Gobierno para emitir un decreto supremo que permita actualizar los precios de los contratos y garantizar la continuidad de los proyectos.
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, señaló que el incremento del diésel, que pasó de aproximadamente Bs 9 a Bs 18 por litro, también golpea directamente los servicios municipales, como el recojo de basura, el aseo urbano y el transporte.
Así plantean distribuir los recursos del 50/50
Dockweiler presentó una propuesta para avanzar gradualmente hacia el esquema 50/50 hasta 2030. El planteamiento establece que, al finalizar ese proceso, la distribución de la coparticipación tributaria sea la siguiente:
- 50% para el Gobierno central.
- 36% para los gobiernos municipales.
- 6,7% para las gobernaciones.
- 7,3% para las universidades públicas.
La propuesta todavía deberá ser debatida y consensuada con los diferentes niveles del Estado. El alcalde de Santa Cruz, Mamén Saavedra, respaldó una mayor descentralización, pero advirtió que ningún sector puede imponer unilateralmente los porcentajes.
Más demandas al Gobierno
La agenda municipal también contempla que el nivel central asuma el pago del bono de discapacidad y financie al personal sanitario que actualmente es cubierto por los municipios.
Asimismo, plantean actualizar las tarifas del Sistema Único de Salud (SUS), reducir las cargas financieras municipales y avanzar en reformas legales que permitan una distribución más equitativa de los recursos.
Los alcaldes anunciaron una nueva reunión para el lunes 16 de noviembre en La Paz, con participación de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y representantes de municipios pequeños e intermedios.
Las autoridades sostienen que el objetivo no es confrontar al Gobierno ni a las gobernaciones, sino garantizar recursos para mantener los servicios públicos y evitar que los proyectos de infraestructura queden abandonados.
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