El Bloque de la Construcción exigió al Gobierno implementar un mecanismo permanente de reajuste de precios para los contratos de obra pública, que contemple los incrementos de materiales, mano de obra, combustibles y costos de operación de equipos.
Advirtió que, ante la falta de soluciones concretas, definirá medidas institucionales y legales en defensa del sector.
El pronunciamiento fue expresado por el bloque integrado por la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), el Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción (CSTCB).
“Exigimos un mecanismo permanente de reajuste de precios, mediante fórmula polinómica que incluya todos los componentes e insumos”, señala el comunicado.
Además, reclaman el pago de planillas adeudadas, el abastecimiento garantizado de diésel y la actualización de los presupuestos referenciales con precios vigentes de mercado.
La propuesta establece que el mecanismo debe basarse en índices oficiales y aplicarse a todos los contratos de obra pública, tanto los que se encuentran en ejecución como los futuros.
Otro de los cuestionamientos está dirigido al Decreto Supremo 5597, aprobado como un mecanismo para atender el desequilibrio económico de los contratos de obra pública y garantizar su continuidad. Según el Bloque, la norma ha resultado insuficiente debido a las dificultades operativas y administrativas que enfrenta su implementación.
El pronunciamiento sostiene que, lejos de restablecer el equilibrio económico-financiero de los contratos, las limitaciones de su aplicación y la ausencia de mecanismos efectivos han dejado a numerosas empresas expuestas a incrementos extraordinarios de costos y obligaciones insostenibles.
Entre las medidas adicionales, el sector exigió que YPFB garantice el abastecimiento de diésel para la ejecución de obras públicas o, en su defecto, que se reconozca el costo real del combustible importado. Asimismo, solicitó compensar el diferencial cambiario en los componentes importados y dolarizados.
El pliego de demandas incluye un cronograma cierto y vinculante para el pago de planillas adeudadas, la ampliación de plazos contractuales sin multas cuando los retrasos se deban a la escasez de combustible o insumos y la implementación de medidas financieras para reactivar la construcción.
En el ámbito institucional, el Bloque declaró inefectivas las instancias de diálogo desarrolladas con las autoridades sectoriales y rechazó la continuidad de mesas técnicas que no tengan capacidad resolutiva ni estén respaldadas por decisiones concretas y garantías de cumplimiento.
Ante este escenario, exigió la intervención directa del presidente del Estado para que asuma personalmente la atención de la crisis y disponga medidas integrales y definitivas.
El sector atribuye el deterioro de su actividad al incremento extraordinario de los precios de materiales, combustibles, equipos y servicios, además de las distorsiones cambiarias. Advirtió que esta situación afecta la capacidad financiera y operativa de las empresas, compromete la continuidad de las obras y pone en riesgo fuentes laborales de profesionales y trabajadores.
Finalmente, el Bloque ratificó el estado de emergencia nacional y anunció que coordinará con sus cámaras departamentales, empresas afiliadas, colegios profesionales, técnicos y trabajadores las medidas institucionales y legales que correspondan.
“La construcción boliviana ha cumplido con su responsabilidad de proponer y dialogar. Ahora corresponde al Estado cumplir con su responsabilidad de decidir y resolver”, señala el comunicado, que concluye con una advertencia: “Sin soluciones concretas no existen condiciones para retomar el diálogo”.
Fuente: Erbol
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