El proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 establece un incremento de 3,9% para Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y universidades públicas, cifra que alcanza a Bs 17.734 millones, ratificó este sábado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
“Las cifras expuestas desmienten las declaraciones de la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Náyar, quien desinforma a la población sobre el PGE y sobre la estabilidad macroeconómica que tiene Bolivia, lo cual refleja una falta de conocimiento sobre la economía en general y la del país en particular”, según el reporte de prensa de la cartera de Estado.
El proyecto de ley del PGE 2023, que se encuentra en la Cámara de Diputados para su tratamiento, fue observado por legisladores de la oposición porque consideran que no beneficia a las ETAs y universidades, lo que fue rechazado por Economía y Finanzas Públicas.
Los datos del incremento de 3,9% para ETAs y universidades ya fueron dados a conocer el miércoles pasado por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, cuando expuso los indicadores del PGE 2023 en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados.
El Ministerio recordó también que entidades internacionales especializadas en el área han destacado el manejo macroeconómico y la estabilidad boliviana.
Montenegro explicó en el pleno de la Cámara de Diputados que el PGE 2023 contempla Bs 47.253 millones para el pago de sueldos y salarios, un incremento de 4,5% respecto al aprobado en 2022.
Este crecimiento se explica por el incremento del salario mínimo nacional e incremento salarial otorgado en 2022 para salud y educación, la creación de 2.840 nuevos ítems para trabajadores y profesionales en salud por crecimiento vegetativo y para hospitales de nueva creación y 3.300 nuevos ítems para las unidades educativas a nivel nacional.
Además, señaló que de los Bs 47.253 millones presupuestados para el pago de sueldos y salarios, los Servicios Departamentales de Salud, Programas de salud y magisterio fiscal reciben el 46,9%; la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas reciben el 11,2%; entre las Entidades Territoriales Autónomas y las Universidades se concentra el 17,6%.
Asimismo, las instituciones de seguridad social representan el 7,5%; las empresas públicas representan el 6,7%; otras entidades públicas en las que figuran los Órganos del Estado, entidades de control y defensa, entidades desconcentradas y descentralizadas concentran el 10,1%.
Para el Órgano Ejecutivo se tiene previsto Bs 1.198 millones, lo que representa solo el 2,5 % del total presupuestado.
En lo que corresponde a las empresas públicas, éstas generan sus propios ingresos, destinados a costear sus operaciones, inversiones y cumplir con sus obligaciones financieras, por tanto, “no reciben subvención del TGN para sus gastos operativos”.
En relación a la deuda externa, el Ministerio de Economía reiteró que los créditos comprometidos se destinarán a todos los municipios del país mediante proyectos sociales, como la dotación de agua, proyectos productivos, riego tecnificado, maquinaria, entre otros programas de alianzas rurales y que profundizan la política de combate al cambio climático.
El financiamiento externo no se destina a ninguna empresa pública y su ejecución está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el Programa Empoderar y el Ministerio de Hidrocarburos, aclaró Economía y Finanzas Públicas.
ABI
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