El economista Julio Linares denunció que entre 2006 y 2023 los gastos por publicidad y propaganda política del Estado alcanzaron los Bs 5.182 millones, equivalentes a casi 750 millones de dólares. Para el especialista, el uso de estos recursos refleja como el partido de Gobierno instauró la mentira oficial para captar la simpatía de sectores marginadas “a quienes se les ofrecía falsas esperanzas que luego se transformaban en votos”.
En video, que lanzo en sus diferentes redes sociales, Linares desglosó los montos invertidos en propaganda, revelando que, del total, Bs 3.681 millones provinieron del Órgano Ejecutivo, incluyendo los ministerios, Bs 900 millones de entidades descentralizadas, y Bs 600 millones de empresas públicas.
“Estas mentiras fueron pagadas por todos los bolivianos. Dinero que bien pudo destinarse a construir hospitales o carreteras”, lamentó.
El economista también cuestionó la falta de transparencia en la asignación de contratos de publicidad.
“No sabemos exactamente a quiénes y cuánto se pagó en este negocio de la propaganda. Pero lo que sí sabemos es que con esos recursos podríamos haber cambiado la infraestructura del país de manera significativa”, sostuvo.
La normalización de la mentira
Linares argumentó que la mentira fue utilizada como una herramienta política recurrente, difundida a través de medios oficiales, paraoficiales, voceros y redes sociales. Según él, esto permitió instalar un discurso oficial manipulado, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
“Ellos, los masistas, normalizaron la mentira y la hicieron impune. Mentir se volvió parte de su estrategia de gobierno”, añadió.
Como propuesta para el futuro, Linares enfatizó la necesidad de crear mecanismos que garanticen un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos.
“Es fundamental contar con una instancia que supervise el gasto del Estado, para evitar el despilfarro y garantizar que el dinero sea usado en beneficio de todos los bolivianos. Necesitamos una ley que prohíba el malgasto y proteja los recursos públicos”, concluyó.
EL DEBER
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