Ahoradigital. Las investigaciones por presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles alcanzan a funcionarios y exautoridades de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), además de operadores privados vinculados a la cadena de distribución, informó el viceministro de Transparencia, Yamil García.
La autoridad explicó que las indagaciones no se concentran únicamente en quienes habrían participado directamente en posibles desvíos de combustible, sino también en quienes tenían capacidad de decisión dentro de las instituciones estatales. “Vamos contra el operador, pero también contra quienes han tomado las decisiones de fondo”, afirmó.
Según García, se analizan dos niveles de responsabilidad: por un lado, los funcionarios que pudieron permitir o facilitar irregularidades en la cadena operativa y, por otro, las autoridades que tomaron decisiones administrativas relacionadas con los sistemas de control.
Uno de los aspectos observados es el manejo de los despachos de combustible. El viceministro cuestionó que, pese a las inversiones realizadas en tecnología, algunos procesos de conciliación continuaran realizándose mediante tablas de Excel susceptibles de modificaciones posteriores.
De acuerdo con la información presentada, YPFB habría destinado más de Bs 400 millones en infraestructura tecnológica durante los últimos cinco años, aunque determinados mecanismos de control de despachos continuaban dependiendo de procedimientos manuales.
Tres áreas bajo investigación
García detalló que hasta el momento fueron identificados distintos grupos de casos que se encuentran bajo análisis:
- 30 casos relacionados con facturación.
- 2 casos vinculados con la asignación de cupos máximos.
- 40 casos relacionados con retiros de combustible.
La autoridad aclaró que la cantidad de personas involucradas todavía no está definida y que los nombres serán conocidos conforme avancen las investigaciones y se realicen las respectivas notificaciones.
La investigación también alcanza a despachantes, estaciones de servicio y empresas de transporte en cisternas, debido a una posible participación de operadores privados en las irregularidades.
El viceministro sostuvo que, de confirmarse hechos de corrupción, podría existir responsabilidad tanto de funcionarios públicos como de particulares que se hubieran beneficiado de esas operaciones.
Observaciones a la ANH
La Agencia Nacional de Hidrocarburos también está bajo análisis debido a su papel como entidad reguladora del sector.
García explicó que la ANH tenía entre sus atribuciones la programación mensual y asignación de combustibles, pero una resolución administrativa emitida en 2024 trasladó esa función a YPFB.
El cambio será revisado para establecer si tuvo alguna relación con las irregularidades detectadas en la cadena de distribución.
Posibles delitos
Entre los delitos que podrían ser considerados dentro de las investigaciones se encuentran cohecho, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y comercialización ilegal de combustibles.
Asimismo, en el caso de autoridades con responsabilidades ejecutivas, se analiza la posible existencia de conductas relacionadas con la administración de recursos públicos y una eventual conducta antieconómica.
Por ahora, se trata de investigaciones en curso y presuntas responsabilidades, por lo que corresponde al Ministerio Público determinar si existen delitos, identificar a los responsables y establecer el eventual daño económico ocasionado al Estado.
El caso se suma a otras investigaciones abiertas en torno a la gestión de combustibles y al funcionamiento de los mecanismos de control de YPFB y la ANH.
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